Décimo día de audiencia: Abogados refutan investigación del Ministerio Público

Este vienes 23 de agosto, concluyó la segunda semana de la audiencia preliminar del caso #Odebrecht, donde se ha avanzado en los alegatos de la defensa con 24 imputados, de los cuales 11 fueron abordadas durante la jornada.

La Fiscal Superior, Ruth Morcillo, indicó que el cálculo indica que entre martes y miércoles podrían terminar los alegatos de los defensores.

Dentro de sus alegatos los defensores han reiterado la prescripción de la acción penal, el doble juzgamiento, la ausencia de tipicidad, la no acreditación de delitos, la falta de un delito precedente y la falta del dolo necesario para un delito de blanqueo de capitales.

"Conceptos que desde el día uno indicamos iban a debatirse en este escenario", manifestó Morcillo.

La audiencia se reanudará este lunes 26 de septiembre, a las 9:00 a.m., con la continuación de los alegatos de los defensores técnicos particulares, dentro de este proceso penal que consta que consta de 2,757 tomos, con más de un millón 335 mil páginas y que comenzó por una denuncia presentada el 18 de septiembre de 2015.

Así las cosas, este viernes se completaron 10 días desde que comenzó la audiencia preliminar donde el Ministerio Público busca el llamamiento a juicio a 47 personas, entre ellas dos expresidentes, exministros de Estado, exfuncionarios y otros colaboradores. La jueza Baloisa Marquínez decretó un receso de mediodía hasta las 2:30 pm.

El jueves la defensa inició sus alegatos haciendo señalamientos con la investigación del Ministerio Público y la propia investidura de los fiscales del caso, lo que fue rechazado por la fiscal Ruth Morcillo e incluso la jueza Baloisa Marquínez tuvo que hacer llamados de atención al comportamiento de los abogados.

Los juristas pidieron sobreseimiento de sus defendidos, aduciendo que no se ha demostrado el delito por el que se les señala a sus clientes. 

El fiscal Mahmad Daud Hasan, a su llegada a la Corte Suprema de Justicia, dijo que el país ha sido testigo de la exposición de la vista fiscal del Ministerio Público, reiterando que el hecho punible está claro, aunque reconoce que la defensa debe hacer su trabajo, por lo que no es sorpresa el comportamiento de los abogados defensores.

Resaltó que el equipo del Ministerio Público y la Fiscalía Anticorrupción están seguros, el expediente está completo, fortalecido y con todos lo elementos para hacer el llamamiento a juicio.

El abogado Pedro Meilán, representante de Javier Díaz Torres y Rodrigo Díaz, fue el primero en sustentar, indicando que el acogerse al juicio abreviado se entiende cuando la investigación está completa y siendo esta una técnica jurídica que beneficia a los implicados para obtener una reducción de pena en caso tal de que la jueza determine de que existen vinculaciones y delitos.

Aclaró que eso no significa que se han aceptado los hechos y por lo tanto, lo único que se discutirá es la culpabilidad. Dicho esto, continuó con la defensa de Javier Díaz Torres, quien es un deportista español que consiguió trabajo en Andorra, en una empresa llamada BPA Service, con un salario de 2,000 euros mensuales, siendo la empresa una filial del Banco de Andorra, donde él tenía que hacer enlaces con bufetes de abogados de Panamá para crear las sociedades anónimas.

No obstante, era la empresa la que le indicaba qué bufetes, por lo que Díaz Torres solo tenía que enviar correos electrónicos o hacía una llamada a la firma en Panamá y esta era la que hacía la sociedad, ponía nombre, dignatarios, fondos y demás, con excepción de los beneficiarios finales. Asegurando que Díaz Torres no cobraba, no era beneficiario final, no abrió cuentas, ni conocía a los beneficiarios.

Destacó que, si la firma de abogados es lo que hace todo para luego entregársela a un tercero, que posteriormente se las entrega al banco, por qué se investiga al empleado, y no a los bancos y las firmas. Resaltó que mientras que otros trabajadores de BPA fueron mencionados por personas como André Rabello y viajaron a Panamá, Javier Díaz Torres no fue mencionado por nadie, ni viajó en Panamá, solo era un empleado.

“No tienen absolutamente nada, este señor no cobró, no creó sociedades anónimas, no conoce a los beneficiarios finales… ¿Cómo se le va a probar el dolo? ¿Qué participación tiene? Este señor no cometió ningún delito y los bufetes aquí no fueron indagados porque el MP consideró que no debían ser investigados, entonces ¿por qué Javier Díaz Torres sí?”, indicó Meilán. 

En cuanto a Rodrigo Díaz Paredes, por haber recibido transferencias de Klienfeld Services, aclaró que la última vez que recibió una transferencia fue en el 2008, asegurando que a su defendido se le han violado el debido proceso, y no ha habido lealtad y buena fe porque no hay retroactividad.

Destacó que con lo presentado por la fiscalía es imposible ejercer el derecho de la defensa, señalando que no se dice cuáles son las investigaciones por corrupción y peculado. Tampoco se ha probado que el dinero recibido es ilícito.

Aseguró que Díaz Paredes viajó a Panamá antes de la pandemia para rendir indagatoria, sin embargo, el Ministerio Público señaló que estaba ocupado y no podía, incluso solicitaron la indagatoria a través de medios tecnológicos y se la negaron, no obstante, continuaron intentando hacer el acto, pero no se pudo concretar con el Ministerio Público. 

Exbanqueros

“No es quién las hace, sino quien las paga”, así inició su turno Alexander Allard, abogado de Norberto Sanguineti y Franches Xavier Pérez Giménez, exbanqueros de la Banca Privada de Andorra (BPA). dijo que existe una confusión en la sociedad panameña por lo que se ha dicho en la audiencia que no ha sido probado. Al igual que Meilan, señaló que a este último no se le ha tomado indagatoria por indisposición del Ministerio Público y agregó que los delitos ya están prescritos.

Sobre Sanguinetti aclaró que el mismo es un gestor y no un aperturador de cuentas, además, negó que trabajara en la banca privada de Odebrecht. Y es que, al exbanquero se le vincula con la sociedad Aeon Group que supuestamente transfirió millones a varios de los vinculados en el caso.

Respecto, a Giménez, dijo que este solo venía a Panamá a prestar servicios de asesoría financiera y captar nuevos clientes. “¿A qué ha faltado él? A absolutamente nada. Cuál es el dinero ilícito”, se preguntó. Por tanto, Allard solicitó sobreseimiento definitivo para sus dos clientes.

Por los señalamientos vertidos, el abogado Allard pidió sobreseimiento a sus defendidos.

Los representantes legales de las empresas reaseguradoras y sus trabajadores presentaron sus alegatos señalando que los corredores de seguro solamente sirven de mediadores entre el cliente y la aseguradora, donde es el cliente quien decide el producto que van a adquirir.

Explicaron cómo funciona el negocio de los seguros, los reaseguros y las comisiones que se cobran por estos servicios.

Aseguraron que los señalamientos de la fiscalía son equivocados, preguntándose cuándo el dinero que procede de las aseguradoras es lícito, pero se convierte en ilícito cuando lo reciben los corredores, resaltando que no se puede convertir en ilícito un dinero lícito, que fue recibido de empresas aseguradoras que no están imputadas, por lo que solicitaron sobreseimiento para sus defendidos.

Alejandro Stanziola

El turno lo tomó Aurelio Vásquez, abogado de Alejandro Stanziola, de quien dijo que, en 2014 su representado fue abordado por un gerente de proyecto de Odebrecht, el cual le pidió que le brindará los servicios de corredor de seguro. Estos servicios los ofreció mediante la empresa Prevenza.

“Mi representado es un simple mediador, no porque lo diga él, es porque la ley lo describe así”, sostuvo. Vásquez también sobreseimiento definitivo para su defendido.

Juan Antonio Niño

En esta ocasión al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Aníbal Salas Céspedes, sustentó la defensa de Juan Antonio Niño, de quien dijo no ha cometido ningún tipo de delito y que la relación que tuvo con las sociedades ligadas a Odebrecht, “son normales y legales”.

Agregó que las transacciones que se hicieron en el caso de su cliente son lícitas. “Y si el dinero es lícito, las fases del blanqueo de capitales, es irrelevante”, remarcó.

Según la fiscalía, la empresa Active Capital Holdings, presidida por Niño, efectuó transferencias a Sherkson, sociedad mediante la cual el Depatamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, transfirió millones de dólares, como resultado del pago de sobornos.

Salas Céspedes, quien sostiene que las acusaciones contra su cliente carecen de vinculación penal, aseveró, también que el caso no cuenta con una investigación objetiva especializada en el ámbito de los seguros y reaseguros. Por último, Salas Céspedes también pidió sobreseimiento definitivo para su cliente. 

Rosas & Rosas

Gustavo Pereira, rindió sus alegatos sobre la defensa de Juan Carlos Rosa, y Rosa Mary Molino, socios de la firma de abogados Rosas & Rosas.

Pereira argumentó que sus clientes hicieron la “debida diligencia” en su relación con la constructora brasileña y la firma de la cual son socios, prestó un “servicio profesional y regulado” a la Constructora.

Conforme a la fiscalía, la cuenta Rosas & Rosas en Banistmo, se le acreditaron transferencias de sociedades de Odebrecht, que repartían sobornos, entre ellas, Constructora Internacional del Sur,

Pereira insistió que la firma ofreció un servicio profesional y regulado a Odebrecht’', y que sus clientes realizaron la “debida diligencia” en su relación con la constructora.

José Domingo Arias

La defensa de José Domingo Arias, fue llevada por el abogado Fernando Morales Magallón. Arias está ligado con el proceso por un contrato de publicidad entre Polis América, de los publicistas Joao Santana, y Mónica Maura, con el partido Cambio Democrático (CD).

Y es que, Arias era el candidato presidencial de CD en los comicios generales de 2014, periodo en que Ricardo Martinelli aún era presidente del país.

El contenido del expediente indica que Maura fue contactada por André Rabello, intendente de Odebrecht, con el fin de que gestionara la campaña publicitaria de Arias.