¿Quiénes deben preocuparse por la Ley de Extinción de Dominio?

La discusión del proyecto de Ley de Extinción de Dominio parece no tener fin, la iniciativa encuentra cada vez más obstáculos en la Asamblea Nacional, donde se dice que la medida se podría convertir en una herramienta de persecución política y hasta podría llegar a ser inconstitucional, mientras que el Ministerio de Seguridad insiste en que es necesario para desarticular los grupos criminales.

El secretario general del Ministerio de Seguridad, Jonathan Riggs, manifestó que están buscando un consenso, pero la discusión se ha centrado en la justificación de algunas personas que dicen que el proyecto puede ser considerado inconstitucional.

Advierte que no puede ser inconstitucional algo que va en contra de la obtención de bienes de forma ilegítima.

Recalcó que la extinción de dominio abarca los bienes obtenidos ilegítimamente, por lo que no goza de constitucionalidad, al igual que se pregunta cómo puede prescribir algo que no goza de legitimidad.

Riggs señaló que, los bienes que se han perseguido, quien reclame la titularidad deberá demostrar que gozan de legalidad, que fueron obtenidos a través del trabajo honesto, de lo contrario tendrá que enfrentar un proceso de extinción de dominio que es autónomo, que no está ligado al proceso legal.

“Puede ser que una persona no sea responsable de un hecho, pero, cómo puede justificar un bien o un dinero de manera injustificada”, expresó.

Seguidamente, detalló cómo funcionará la figura del juez de extinción de dominio que estará dentro del Órgano Judicial, y que a través de los medios de pruebas tendrá que administrar justicia, luego de que el ciudadano que reclame la titularidad presente la defensa de sus bienes, asegurando que no es un proceso automático.

Señaló que quienes deben estar preocupados son aquellos que han hecho el delito un modo de vida, porque se busca atacar las finanzas de la criminalidad organizada, debilitar el músculo financiero, debilitar la capacidad operativa y la capacidad de expansión y reclutamiento.

Pero aquellos que han obtenido sus bienes de forma lícita no tienen por qué preocuparse.

En cuanto a la corrupción, Riggs dijo que los bienes obtenidos a través de un delito contemplado en el Código Penal deben ser sometidos a la extinción de dominio, porque no proviene de forma lícita, no obstante, esto dependerá del consenso al que se llegue como país.

Aseveró que Panamá está a tiempo para implementar la ley e iniciar esta lucha, reconociendo que los diputados han tenido disposición para analizar y discutir el proyecto. En tanto que se están recibiendo opiniones de diversos sectores para poder continuar con el debate y fortalecer el proyecto.