Cuestionan acuerdo económico en caso del diputado Mario Lázarus
El acuerdo de resarcimiento económico con el que se suspendió el proceso contra el diputado Mario Lázarus, crea un precedente según el abogado Víctor Martínez, quien asegura que la percepción de la gente será que otros casos similares podrán resolverse de la misma manera.
Reconoce que el Sistema Penal Acusatorio (SPA), representa un avance en la medida que permite abreviar los casos y que se llegue a un acuerdo a nivel de indemnización a través de un sistema de conciliación.
Sin embargo, Martínez dice que un grupo de abogados ha propuesto ante la Asamblea Nacional (AN), una reforma al Código Penal en lo que respecta al homicidio culposo cuando está de por medio el alcohol y las drogas, ya que en Panamá, las penas son demasiado bajas.
En el caso de la menor que murió atropellada por el diputado Mario Lázarus, recalca que la justicia debió profundizar un poco más en la realidad de la familia, ya que su situación es paupérrima y la vida que tiene que ser compensada es la de la niña, porque fue quien murió, mientras que los padres ya han vivido su vida.
Dentro del proceso, se debió tomar en cuenta que el diputado Mario Lázarus se dio a la fuga una vez cometió el atropello y eso es un agravante, según Martínez. Agrega que no tenía licencia, y en tercer lugar se debió hacer la prueba de alcoholemia.
El abogado dijo en TVN Noticias que es cuestionable el hecho que si Lázarus era quien iba manejando, porque se dice que algunas personas vieron que manejaba un familiar y si el conductor estaba en estado de embriaguez. Otro factor a tomar en cuenta es que Lázarus es médico y si se hubiese parado a dar los primeros auxilios a la víctima, es posible que estuviera viva.
Dijo que en la propuesta que un grupo de abogados ha llevado a la Asamblea Nacional (AN), se pide que las personas, además de pagar una indemnización económica, vayan a la cárcel.
Tragedia 8B-06
Sobre la tragedia del bus 8B-06 donde murieron 18 personas, dijo que en Panamá se eximió a todo mundo, no hubo responsabilidades, pero que con ese mismo expediente abogados estadounidenses se ofrecieron para demandar bajo su propio costo, a la empresa que introdujo el gas refrigerante a Panamá y que provocó el accidente.
Con la misma documentación con la que no hubo justicia en Panamá, se logró el acuerdo en Estados Unidos.
El proceso empezó en el 2008 y demandaron 14 familiares y víctimas.
Detalló que el apoyo que tenía que brindar el Órgano Judicial a las autoridades norteamericanas en base al Tratado de Asistencia Legal Mutua, no se dio y las veces que se tenían que hacer las audiencias con los abogados de Estados Unidos, se tenían que alquilar hoteles.
Nunca hubo un salón disponible en el Órgano Judicial para hacer esas audiencias.
Una vez que el juez emita la sentencia donde aparecerá que hubo irresponsabilidad por el Estado panameño al permitir la entrada del gas, se presentará una demanda contra el Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
