Delincuentes se están tomando la ruta migratoria del Darién ¿Qué dice el Senafront?
Pese a estos acontecimientos, Gobea destacó que a partir del 1 de julio a la fecha se ha registrado una reducción en el flujo migratorio y 122,000 personas menos han dejado de cruzar el Darién en comparación con la misma fecha, pero en 2023.
Ciudad de Panamá, Panamá/Este fin de semana se realizó una operación para la recuperación de cadáveres, como resultado de un enfrentamiento entre agentes del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), y personas dedicadas a robar y ultrajar migrantes que intentan llegar a la comunidad de Bajo Chiquito, dentro de la peligrosa selva del Darién
Jorge Gobea, director del Senafront, detalló que de los sucesos registrados el fin de semana, en el primer enfrentamiento murió un delincuente, identificado como ciudadano panameño y de descendencia indígena.
En tanto, en una segunda confrontación a pocos metros del lugar, murió otro ciudadano, también de ascendencia indígena, pero de nacionalidad colombiana.
Ayer, domingo, 15 de septiembre, fue rescatado el cuerpo de un ciudadano haitiano, que fue asaltado y por consiguiente herido de muerte.
Estos hechos, todos perpetrados dentro de territorios de la comarca Emberá-Wounaan, aclaró Govea, se dieron en medio del corredor humanitario migratorio que tiene como destino final la comunidad de Lajas Blancas, denominada por el Senafront como la ruta supuestamente segura
Producto del fenómeno migratorio, este es un fenómeno colateral que se da. Jóvenes vienen de los pueblos y se dedican a robar a los migrantes.
Como resultado de esta mala práctica, en 2023 murieron seis personas en enfrentamientos con el Senafront y este año ya van 4 personas.
Pese a estos acontecimientos, Govea destacó que a partir del 1 de julio a la fecha se ha registrado una reducción en el flujo migratorio y 122 mil personas menos han dejado de cruzar el Darién en comparación de la misma fecha, pero en 2023.
Respecto al campamento clandestino que ofrecía servicios a migrantes, Govea aseguró que ha sido totalmente desmantelado y aunque sus administradores alegaban que tenían autorización para operar, la misma nunca se otorgó.
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Advirtió que las embarcaciones que insistan en trasladar migrantes a Panamá serán judicializadas, al tiempo que recordó que, las penas por este delito, en ocasiones, rebasan los 12 años de cárcel.