Fondos del programa IVM podrían alcanzar solo hasta los próximos 18 meses

Si desde hace meses el futuro del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja del Seguro Social (CSS) era poco alentador e incierto, la crisis generada por la pandemia del COVID-19 lo agrava mucho más y sus fondos podrían alcanzar solo hasta los próximos 18 meses.

El subdirector de la Caja del Seguro Social, Francisco Bustamante, dijo que la complicación en el IVM no se trata de un problema nuevo que se acaba de sacar del bolsillo la actual administración, sino que viene, sistemáticamente, siendo evadido desde hace varias administraciones, desde el 2009.

Asegura que, “se sabía de antemano que si se hace un programa cerrado en el salen cotizantes y entran beneficiarios en algún momento dado, se genera una crisis”. Se creía que iba a tardar 10 años, pero se extendió a 12.

Fallas

En el 2012, las autoridades de turno, hicieron una inversión de un sistema informático, que a juicio de Bustamante “nunca funcionó”.

“Se convirtió en un dolor de cabeza desde el momento en el que fue instalado, hasta la fecha”. Partiendo de allí, explica que el estado financiero de la entidad del año 2018, se recibió en el año 2019, un año después, cuando lo normal es que se reciba luego de tres meses de cerrado el año.

En ese estado, recibido un año después, las nuevas autoridades se encontraron con que se habían utilizado 48 millones de dólares del programa cerrado o solidario, establecido en el año 2005.

Bustamante reveló que en la nueva administración se ha logrado tener un “primer borrador” [del estado financiero] que confirma que el déficit del año 2019, fue de 249 millones de dólares, es decir 297 millones de dólares usados de las reservas sin haberse dado cuenta entre el 2018 y el 2019.

El presupuesto que se hizo para el año 2019-2020, presenta una tasa de crecimiento de la economía del 6.5% y un desempleo del 4.5% con los cuales se estima el ingreso, pero la realidad es que la economía creció en un 3% en el 2019 y en lo que va del 2020, ya se calcula que la economía va a caer en un -2%.

El subdirector de la CSS explica que se tiene un sistema de empleo en el que hay 700 mil trabajadores que no cotizan y un millón 215 mil que sí cotizan, de los cuales 283 mil son empleados públicos y el resto son empleados del sector privado, por lo que es importante ese último.

En la actualidad, a causa de la pandemia, en el sector privado hay 110 mil trabajadores con contratos suspendidos, es decir 11% de los cotizantes formales, ya tienen una situación de no cotización, con lo que se acelera un proceso de desgaste.

Sin embargo, asegura que el sistema de reparto es el más justo, porque cada persona recibe lo que aporta. También dice que Panamá tiene uno de los sistemas de pensiones más generosos de América Latina: un 60% de beneficio de los 10 mejores años de salario de la persona, cobertura de los hijos hasta los 25 años, a los suegros y padres, sin limitaciones.

Los jubilados actuales son los que están en riesgo”, afirmó el funcionario.

Dice que la CSS es una entidad financiera que cobra primas para asegurar riesgos (salud y atención), pero el diseño de la institución no responde a ese esquema, ya que es una institución que tiene una estructura de ingresos y gastos como cualquier ministerio. “No tiene la capacidad de gestión”.

Resaltó que hay 9 mil millones de dólares en la CSS, pero el programa IVM, que es el que vive, tiene problemas y aunque había opciones como, por ejemplo: tomar prestado del IVM mixto y pasar al solidario, pero la ley no lo permite; aumentar las tasas de cotización que incrementa el 22% de la nómina, se incentiva la informalidad.

Explicó que, si se sube mucho la tasa de la cuota obrero patronal, podría pasar que el empresario contrate menos gente, también se podía poner un impuesto que aliviara e introdujera ingresos extraordinarios a la caja para poder financiar las pensiones, lo que implicaba una reforma tributaria.

Lo menos costoso que se podía hacer, era fusionar los esquemas y fue lo que propusieron, pero llegó COVID-19, que llevó de una redefinición del modelo de la CSS a una definición de liquidez, para poder hacer frente al pago de las pensiones.

Es por ello que plantearon ante la Junta Directiva, la posibilidad de en caso de necesidad, tener la discrecionalidad de deshacerse de activos financieros como bonos y los de más fácil liquidación, pero no hubo buena recepción de la propuesta porque no se quieren tocar las reservas.

“Si no se tocan las reservas, las opciones son dejar de pagar las pensiones o dejar de pagar las pensiones”, declaró.

Se ha establecido un plazo de 6 meses, que de tiempo para recomponer las finanzas para hacer las negociaciones que se requieren y “renacer” con un nuevo sistema que sea consensuado para el próximo año.

Dijo que los bonos tienen un rendimiento alto y tienen un buen precio en el mercado. Por ejemplo, con 500 millones de dólares, la CSS se podría ganar 72 millones, porque hay una apreciación de esos bonos.

El proceso de venta se haría solo en caso de necesidad, que se establecería en base a un monitoreo diario

Pago de pensiones

En condiciones normales como venía la economía, se calculaba que el fondo del IVM solidario, donde están los 283 mil jubilados, llegaban al 2026. En la condición actual, se ha disparado a 18 meses y se “quedarían con 0 centavo”.

Y aun así, si no se pueden tocar las reservas, no se podrían pagar, porque ese dinero está en bonos y depósitos que están venciendo en un periodo más allá de los 18 meses.

Apuestan a la recuperación del país y así mismo de la economía, para que en tres o cuatro meses la entidad pueda reflotar, para poder alcanzar las soluciones que la población necesita para alcanzar solidez al programa.

Mora

Sobre el estado de morosidad, aseguró que hay empresas privadas que tienen deudas activas desde hace 20 años, otros de 50 días o 60 días, que no se contabiliza como mora, sino que está en una sección llamada “apremio”.

Hay deudas de empresas que incluso, han dejado de funcionar.

Hay quienes cuestionan el hecho de que se mezclen las deudas de empresas que ya no existen con las que aún no operan, pero Bustamante asegura que se trata de dinero de cuotas e impuestos retenidos a los trabajadores, que no se reportaron a la CSS, lo que representa un delito.