Cortizo enfrenta el reto político de hacer despegar reforma constitucional

El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, enfrenta el reto político de concitar al país en un gran diálogo para impulsar una reforma constitucional de la mano de la ONU, luego que el Asamblea, de mayoría oficialista, malograra un primer proyecto durante su discusión, dijeron analistas a Efe.

Para ello Cortizo cuenta, como capital político a su favor, con la confianza generada entre diversos sectores nacionales, demostrada con el aplauso a la designación que hizo en diciembre pasado de tres magistrados del Supremo panameño y del nuevo fiscal general del país.

La reforma constitucional es una de las promesas de campaña de Cortizo, por lo que el mismo julio pasado, cuando asumió el poder para el quinquenio 2019-2024, presentó ante la Asamblea Nacional (AN) un proyecto dirigido, aseguró, a fortalecer la institucionalidad y la lucha contra la corrupción.

El proyecto de reforma fue elaborado por la Concertación Nacional, un ente creado en 2008 e integrado por una veintena de sectores, pero los cambios que le introdujo el Parlamento en la primera de las dos discusiones obligatorias para su aprobación definitiva antes de ser sometido a referendo, hicieron estallar protestas de rechazo en las calles.

Iniciativas de los diputados como criminalizar la opinión publicada en redes sociales o medios tradicionales, crear fiscalías especiales, afectar la autonomía universitaria o determinar que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, provocaron el rechazo.

Esto llevó a que el 23 de diciembre Cortizo anunciara el retiro del Parlamento el proyecto de reforma constitucional para abrir una nueva y más amplia consulta nacional con la facilitación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El analista Nils Castro estima que Cortizo ha mostrado "realismo" en reaccionar frente a la frustración colectiva y sacar el proyecto de reforma del Parlamento para crear mejores expectativas sobre el tema.

Castro cree que la reforma va, pero que "mucho va a depender del trabajo de Cortizo con su propio Gobierno, con su propio partido (el histórico PRD), porque creo que una de las cosas en la que él menos puede confiar es en el Parlamento como órgano para hacer por sí mismo estas cosas".

"No tiene un Parlamento éticamente confiable, ni suficientemente representativo de las nuevas posibilidades del país, sino más bien representativas de los vicios del pasado, heredados", remarcó Castro.

Es por ello que Castro considera que Cortizo "tiene que sacar el carro (de las reformas) adelante con los medios del Ejecutivo, con los medios de comunicación, con los medios políticos de la sociedad, más que los institucionales".

El abogado Rodrigo Noriega, analista y editor de opinión, dijo a Efe que Cortizo apeló a la vía que le ha funcionado a la clase política en los últimos 25 o 30 años, que es utilizar al PNUD "para, irónicamente, poder negociar con la propia clase política y pactar una reforma al Estado".

El PNUD, recordó Noriega, facilitó el diálogo más exitoso en la historia de este país para incorporar, en 1994, un título dedicado de forma exclusiva al Canal interoceánico y a la Autoridad del Canal de Panamá en la Constitución Política.

Noriega estima que una reforma del Estado "es necesaria", y cree que Cortizo "está comprometido con realizarla y está buscando la forma de hacerla y sin necesidad de gastar capital político en llamar a una Constituyente".

Con Noriega coincide Castro en que "convocar una Constituyente hubiera sido muy bueno en el plano mediático el día en que se convoca, pero podría ser un empatanamiento y una frustración a más largo plazo".

El analista Adolfo Linares señaló que si bien las reformas constitucionales son importantes, "no son la panacea" para resolver los problemas nacionales, y considera que antes de acometerlas "debiera definirse qué rumbo queremos seguir como país" y el Gobierno "tomar el liderazgo de implementarlas".

"Pero ahora mismo el ejercicio actual a mi criterio es sumamente vago, porque básicamente pareciera que la Constitución la fuera a redactar no solamente un ente foráneo como el PNUD, que tiene su propia agenda y sus propios intereses", sino "por todo el mundo, por el panameño común, y eso no puede ser", sostuvo Linares.

El pasado 23 de diciembre, el Ejecutivo y el PNUD firmaron un memorando de entendimiento para el "nuevo proceso de diálogo que concluya en una nueva propuesta de reformas constitucionales".

El ente de la ONU actuará como facilitador, no mediador, en ese proceso de diálogo, y que podría tomar entre 5 y 6 meses comenzado a inicios de 2020, dijo entonces la representante residente del organismo de Naciones Unidas, Linda Maguire.