Corte Suprema de Justicia declara inconstitucional la Ley 406 del contrato minero

Ciudad de Panamá, Panamá/El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró de manera unánime, la inconstitucionalidad de la Ley 406 que establecía el contrato entre el Estado y Minera Panamá, luego de cinco días desde que la Corte se declaró en sesión permanente para discutir dos de las diez demandas presentadas contra dicho contrato.

La decisión del pleno fue trasmitida la mañana de este 28 de noviembre, día en que se celebran 202 años de independencia de España por medio de su canal de YouTube, luego de más de 20 horas de sesión permanente, iniciada pasadas las 11:00am del lunes 27 de noviembre.

"Hemos decidido por unanimidad declarar inconstitucional toda la ley 406" del contrato entre el Estado panameño y la minera canadiense First Quantum Minerals (FQM), anunció la presidenta del máximo tribunal, María Eugenia López. López agregó que la Ley 406 queda expulsada del sistema normativo que rige en el país, por lo que se instruyó al Secretario General para que haga las notificaciones, y una vez quede ejecutada la sentencia se haga la publicación en la Gaceta Oficial.

Las expresiones de los manifestantes que aguardaron en vigilia durante más de 15 días se activaron desde que se conoció el anuncio de la decisión de los magistrados y una vez trasmitido el mensaje, lo que se vivió en los predios del mayor tribunal de justicia fue mucha alegría y emoción de parte de los grupos manifestantes. Una de las primeras en reaccionar fue la ambientalista Raisa Banfield, que destacó que este ha sido un logro del pueblo, del Estado panameño.

"Este pronunciamiento ha sido determinante, no cabe duda, ha sido un logro del Estado panameño. El pueblo salió a exigir al último órgano que nos quedaba, la CSJ", señaló.

Continuó diciendo que esto restituye el orden constitucional, restituye el Estado de derecho y devuelve la fe en el sistema para impulsar que se cumpla el fallo. Banfield recalcó que ahora el Ejecutivo tiene que reinvindicarse y hacer cumplir el fallo, recordando que ya en el pasado hubo uno y no fue acatado.

Mientras que el abogado Juan Ramón Sevillano, explicó que tras la notificación de la parte, son tres días para que quede ejecutoriado, y al cuarto día se acercará para exigir que envíe la orden a los funcionarios correspondientes el fallo autentificado para que notifiquen a la empresa.

"Ahora hay democracia en Panamá, no van a mandar más los corruptos, políticos y empresarios. Se sienta un precedente mundial, el pueblo ha mandado en este país y ese es un ejemplo para los otros países donde la minería causa desastres naturales", dijo.

Resaltó que en caso de un arbitraje internacional, Panamá tiene todos los elementos para defenderse como los daños ambientales y los impuestos no pagados durante el período del 2017-2020.

De acuerdo con Sevillano, las otras demandas serían archivadas, ya que al declararse la inconstitucionalidad total, no será necesario fallar sobre las otras.

Por su parte, la abogada Martita Cornejo, otra de las demandantes, dijo que aún no ha sido notificado, pero destacó que esta decisión es el triunfo del pueblo sobre la corrupción, el triunfo del pueblo sobre los políticos y sobre los funcionarios que traicionaron a la patria que velaron por los intereses de una transnacional.

"Este ha sido el triunfo del pueblo panameño sobre la corrupción política del país", expresó Cornejo recordando a los mártires de la lucha.

Los magistrados analizaron y debatieron estas dos demandas presentadas por el jurista Juan Ramón Sevillano, presentada el 23 de octubre y la de la abogada Martita Cornejo, presentada el 27 de octubre. Ambas demandas recibieron la opinión del procurador de la Administración, Rigoberto González, y del Procurador de la Nación, Javier Caraballo, en donde ambos señalaron que el contrato es inconstitucional.

El Órgano Judicial comunicó que "desde el pasado 13 de noviembre hasta la fecha se recibieron 89 argumentos en la primera demanda admitida y 37 argumentos en la segunda demanda admitida por los magistrados a quienes les fueron adjudicadas mediante reparto equitativo y aleatorio".

El Pleno de la CSJ estuvo conformado por los magistrados:

1. María Eugenia López Arias (presidenta de la Corte)
2. Olmedo Arrocha Osorio (vicepresidente de la Corte)
3. Carlos Alberto Vásquez Reyes (presidente de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral)
4. Angela Russo de Cedeño
5. Miriam Yadira Cheng Rosas
6. Maribel Cornejo Batista
7. Cecilio Antonio Cedalise Riquelme
8. María Cristina Chen Stanziola
9. Ariadne Maribel García Angulo

En horas de la noche del jueves 16 de noviembre, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, envió un mensaje a la nación, en donde reiteró que acatará este fallo emitido por los magistrados sobre el contrato Ley. Hasta la fecha se han presentado 10 demandas de inconstitucionalidad contra el contrato Ley 406 que aprueba el contrato de concesión minera celebrado entre el Estado y la sociedad Minera Panamá, S.A.

Las protestas masivas estallaron el 20 de octubre cuando la Asamblea Nacional aprobó el contrato firmado por el gobierno y FQM para operar por 40 años una mina de cobre a cielo abierto en el Caribe panameño. El contrato fue rubricado en agosto por el gobierno y la compañía canadiense, después de que en 2017 la Corte Suprema declarara inconstitucional el acuerdo original de 1997.

FQM argumenta que la mina genera 50.000 empleos, aporta 5% del PIB y que el contrato incluye el pago de regalías anuales por 375 millones de dólares, diez veces más que el acuerdo inicial. La mina produce desde 2019 unas 300.000 toneladas de concentrado de cobre anuales, que representan el 75% de las exportaciones panameñas. Tiene además unos 2.500 proveedores en el país, que le venden mercancías por 900 millones de dólares al año.

Los ambientalistas afirman que la mina daña severamente el medioambiente por estar en un corredor biológico que conecta Centroamérica y México. El actor estadounidense Leonardo DiCaprio y la ambientalista sueca Greta Thunberg han hecho referencia a las protestas panameñas en sus redes sociales.

Tratando de minimizar el descontento, la Asamblea Nacional aprobó el 3 de noviembre una suspensión indefinida de la concesiones para explorar y explotar minas de metal. A su vez, dejó en manos de la Corte Suprema el futuro del contrato de FQM y el gobierno. 

La empresa, que ha invertido en Panamá más de 10.000 millones de dólares, notificó al gobierno su "intención" de "presentar demandas arbitrales", al amparo del Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Canadá en vigor desde 2013, aunque espera que la situación se resuelva mediante diálogo.

El gobierno de Cortizo se dijo preparado "para defender los intereses nacionales" frente a un eventual arbitraje, que de perderlo implicaría una indemnización multimillonaria para las arcas públicas. Algunos expertos creen para el gobierno es más fácil defender su postura tras el fallo, ya podrá alegar que la sentencia le llevó a romper el contrato.

La Cámara de Comercio llamó a aceptar el fallo y a prepararse de manera consensuada y técnica para "un cierre ordenado" de la mina.

*Con información de AFP*