Cuenta regresiva ante el inminente fallo de la CSJ por el contrato con Minera Panamá

La Corte Suprema de Justicia comenzará a analizar este viernes, en "sesión permanente", dos de las 10 demandas de "inconstitucionalidad" presentadas contra la Ley 406 que establece el contrato entre el Estado y Minera Panamá ante la expectativa a nivel nacional por el futuro de la denominada mina de cobre más grande de toda Centroamérica y que desató manifestaciones y cierres de calles que mantiene al país semiparalizado por bloqueos de rutas desde hace más de un mes.

Las protestas estallaron el 20 de octubre cuando la Asamblea Nacional aprobó el contrato firmado por el gobierno que permite a la compañía canadiense First Quantum Minerals operar por 40 años la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica.

"Los magistrados acordaron convocar para el día viernes 24 de noviembre del año en curso a una reunión plenaria en sesión permanente hasta emitir su decisión en el menor tiempo posible" sobre las demandas de inconstitucionalidad del contrato minero, dijo el secretario general de la Corte Suprema, José Manuel Calvo, en un video difundido por el poder judicial.

En paralelo a las protestas que han ocasionado millonarias pérdidas, una decena de organizaciones y particulares presentaron demandas de "inconstitucionalidad" del contrato, las que deberán ser resueltas por el máximo tribunal, que no tiene plazo fijo para dictar su fallo. 

Por su parte, la minera pidió a la Corte desestimar esos recursos, al argumentar que el contrato no infringe la carta magna panameña y la mina es ambientalmente sostenible. 

Lo mismo pidió a título personal un prominente abogado, Juan Carlos Araúz, según medios locales, por considerar que Panamá ha firmado varios tratados de protección de la inversión extranjera y que el cierre de la mina llevaría al país a juicios en tribunales internacionales.

Para acallar la protesta, la Asamblea Nacional aprobó el 3 de noviembre una moratoria de la minería metálica, pero dejó en manos de la Corte Suprema de Justicia el futuro del contrato. Esto satisfizo a los ambientalistas, que dejaron de salir a marchar, pero no al sindicato de la construcción, gremios magisteriales, grupos originarios y otras organizaciones, que siguieron con los bloqueos.

Frente a la sede de la Corte hay cotidianas manifestaciones en demanda de un fallo de que declare inconstitucional al contrato.

"Inacción" del gobierno

Por su parte, el principal gremio empresarial de Panamá criticó este jueves la "inacción" del gobierno del presidente Laurentino Cortizo ante los bloqueos de rutas.

"En los últimos 30 días, Panamá ha sufrido un persistente cierre de vías, con el consecuente caos [...] y un doloroso proceso de la destrucción de la matriz económica de la nación", afirmó el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) en un comunicado.

"Frente a esto, existe una ausencia de autoridad, cuyo persistente silencio e inacción hace que grupos que promueven el caos y la anarquía definan el futuro de todos" los panameños, agregó.

Por quinta semana, en Panamá hay toneladas de productos agrícolas dañados, filas de camiones y autos atascados en bloqueos, éxodo de turistas y marchas sin tregua, en las mayores protestas desde las de hace más de tres décadas contra la dictadura de Manuel Noriega.

Las "pequeñas, medianas y microempresas han recibido de primera mano los golpes más certeros" por las protestas, lo que genera desempleo y aumento de la informalidad laboral, afirmó el Conep, que hace nueve días estimó que las protestas dejaban pérdidas por 1.700 millones de dólares.

Regalías congeladas

Hace dos semanas la policía anunció que usaría toda la "fuerza necesaria" para despejar las rutas, pero la situación no ha variado. El gobierno y la minera argumentan que la mina genera 50.000 empleos, aporta 5% del PIB y el contrato incluye aportes mínimos anuales al Estado por 375 millones de dólares, diez veces más que el acuerdo inicial de 1997, que era desfavorable para el país.

First Quantum pagó hace una semana 567 millones de dólares en regalías e impuestos, pero quedaron congelados a la espera del fallo sobre la eventual "inconstitucionalidad" del contrato.