Convergencia Sindical ante llamado a huelga: 'Lo vamos a llevar hasta las circunstancias que se permitan'

Ante el llamado a huelga nacional de sindicatos y gremios de docentes en rechazo a la Ley 462 del 18 de marzo de 2025 que modifica, adiciona y deroga artículos de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS) y las advertencias que han hecho las autoridades sobre estas manifestaciones, Eduardo Gil, dirigente del Convergencia Sindical, respondió a las declaraciones del presidente de la República, José Raúl Mulino, y ministros sobre las movilizaciones de trabajadores y las acciones que se tomarían para quienes no laboren durante las protestas.

En Noticias AM, Gil cuestionó la postura gubernamental y señaló que el modelo aprobado para la Caja de Seguro Social (CSS) profundizará la desigualdad en el país.

"Yo creo que la figura del presidente es una figura muy importante para el país porque tiene que mostrar un liderazgo en el sentido de buscar los consensos necesarios y yo lo he dicho en reiteradas ocasiones; me parece que la forma y el discurso que el presidente maneja, sobre todo para referirse a las organizaciones sociales, no es la forma más adecuada", expresó Gil.

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De acuerdo con Gil, a lo que se oponen es al nuevo modelo de pensiones, porque según sus cálculos, para que el nuevo modelo de cuentas individuales garantice una pensión digna, los salarios deberían superar los $5,000 mensuales, cuando actualmente el promedio nacional ronda los $700.

En ese sentido, el dirigente sindical lamentó que las propuestas que presentaron no fueran integradas y señaló que los sindicatos y gremios docentes no han dado "por cerrado el tema de la Caja de Seguro Social y lo vamos a llevar hasta las circunstancias que se permita".

Respecto al impacto económico de las manifestaciones, en donde la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, ha señalado que se tratan de al menos 1,000 empleos que se pierden cada día de paralización, Gil reconoció la preocupación, pero responsabilizó a quienes lo aprobaron.

"Ningún sindicalista le interesa dañar a ninguna empresa. Si justamente los salarios de los trabajadores dependen de que a la empresa le vaya bien", enfatizó.

A juicio de este sector, la ley beneficia a una "minoría", concretamente al "sector financiero, al sector bancario, porque no es todo el sector empresarial".

Gil respondió a quienes critican las protestas por afectar la movilidad y la economía. “Esa gente duerme, se juega la vida en los famosos piratas por un salario que no alcanza. ¿Tú crees que esa gente puede entender un proyecto de ley que encima se basa en especulaciones?”, argumentó.

Fondos de los sindicatos

En entrevista con Noticias AM el pasado miércoles 19 de marzo, Muñoz también cuestionó el manejo de los fondos de educación sindical, señalando irregularidades en su uso y falta de transparencia en la administración de estos recursos. Reveló que, al asumir su cargo, se encontraron anomalías en el Fondo de Educación Sindical, lo que motivó una auditoría preliminar.

Según la ministra, de los 624 sindicatos que existen en Panamá, solo una minoría maneja los fondos, y estos recursos, que ascienden a 14 millones de dólares anuales, no se traducen en beneficios para los trabajadores, y se convierten en cierres de calles.

Al ser consultado sobre estas presuntas irregularidades que fueron mencionadas por la ministra de Trabajo, Gil sostuvo que es "falso" porque "en realidad esos 14 millones se dividen; la mayoría de ese recurso se destina al IPEL (Instituto Panameño de Estudios Laborales) y menos de la mitad de ese recurso pasa a las organizaciones sindicales".

Explicó que actualmente, para fiscalizar el uso eficiente y objetivo de estos cursos, está la Comisión de Educación Sindical, una entidad compuesta por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, por las organizaciones sindicales y por la Universidad de Panamá, y es la encargada de fiscalizar para que se esté haciendo el adecuado uso de dichos fondos.

Sobre la decisión que ha tomado Muñoz de no desembolsar fondos a ninguna organización que no haya subsanado las irregularidades detectadas, Gil dijo estar de acuerdo con esta medida porque eso es lo que dice el Decreto 168 de 1971.

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