Abogado sobre contrato con Panama Ports: debe ser renovado y renegociado en beneficio del país

Tras la renovación del contrato de concesión de puertos a la empresa Panama Ports Company S.A, siguen surgiendo las reacciones de quienes aseguran que la empresa no ha sido lo suficientemente transparente en sus reportes financieros anuales al Estado.

Pedro Meilán, abogado, quien en el pasado ya ha interpuesto demandas contra la empresa, manifiesta que de haberse cumplido con la etapa en la cual se perfeccionó el contrato en la administración de Pérez Balladares, se hubieran recaudado 748 millones hasta el 2015 para el Estado panameño, entre los 22 millones anuales y el 10% de ganancias, pero eso no se hizo.

“Es importante seguir resaltando lo que hubiera recibido Panamá al 2015 con el contrato vigente de Ernesto Pérez Balladares, estamos hablando de 728 millones 869 dólares, según el audito privado, pero que aparenta que está muy cercano a lo que es”, indicó.

De acuerdo con Meilán, no se puede hablar de una renovación de contrato cuando no es el mismo, o sea, o se hace un contrato nuevo o si se renueva, que sea el original, el de Pérez Balladares que estipulaba los 22 millones de dólares anuales y el 10% en la repartición de dividendos.

“Si el gobierno decide no hacer un contrato nuevo y revisar las cláusulas, entonces la renovación automática debería ser contra el contrato de Pérez Balladares, entonces renovemos automáticamente ese contrato y eliminemos las otras que existieron porque no debieron de existir por seguridad jurídica”, manifestó el abogado señalando que no puede ser que para unas cosas exista seguridad jurídica y para otras no.

Destacó que, "como país podríamos sacar mejores cosas de este contrato, no porque juguemos vivos sino por lo que realmente nos corresponde como país".

Meilán explicó que del bombardeo de publicidad que hace PPC, el Estado tiene que pagar el 10%.

Agregó que, sobre el dinero que se recibirá, unos 800 millones de dólares, que a su parecer corresponden a pago de seguro, salarios, impuestos y movimiento de contenedores que son las obligaciones que están dentro del contrato y que no redundan en nada en beneficio al Estado.

Resaltó que el mejor camino que tiene Panamá es renovar con un trato justo y equitativo donde la República de Panamá pueda recibir lo que le corresponde en realidad y no las migajas que se le quiere entregar.

“Yo pienso que jurídicamente hablando está el tema de que esta renovación automática tiene que ser ratificada por la Asamblea y la Asamblea podría oponerse o decir algo que vuelva a reabrir el debate. Otro camino es que se presente un recurso contra esa ley y ver qué pasa y el tercer camino sería que, si este gobierno no toma una decisión, vendrá otro gobierno que la tome”, expresó.

Reiteró que el tiempo le ha dado la razón en cuanto a Panama Ports, y al 2015 el Estado solo había recibido 1 millón de dólares en dividendos en 20 años, y en los siguientes años recibió 6 o 7 millones más y lo único que ha recibido en dividendos en 25 años son 8 millones de dólares en dividendos, indicando que no hay nada que garantice que la empresa cambiará esta actitud.