Noticiero Estelar
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Panamá/"El apuro trae cansancio" dijo el abogado Rodrigo Noriega al referirse a la decisión que tomar los 9 magistrados de la Corte Suprema de Justicia en relación a las 126 opiniones que fueron vertidas sobre el contrato-ley del 20 de octubre que aprueba el contrato minero.
Los magistrados han sesionado durante casi 40 horas en los últimos tres días, hoy, se reanudará la sesión a las 10:00 a.m. para continuar con el análisis del tema que apremia a toda la Nación.
En ese sentido, Noriega sostiene que se debe esperar lo que haya que esperar para que el fallo salga robusto y sobre todo, sea inconstitucional como se espera.
En relación al anuncio hecho por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) sobre la intención que tiene Minera Panamá de presentar demandas de arbitraje, el abogado señaló que al parecer, 'el MICI sigue con la camiseta de la minera'.
"El MICI no tenía que comunicar nada de la minera, la minera solita puede pagar sus medios, tiene sus periodistas, tiene sus gentes para divulgar eso", indicó el abogado.
Desde su punto de vista, es una medida de presión con la que el MICI le dice a la Corte, que la decisión que tomen si se declara declara que el contrato ley 406 es inconstitucional "le puede salir caro al país".
Explicó que, si la empresa notificó la intención de demandar la formalización de la demanda sería en aproximadamente seis meses.
De acuerdo con Noriega, Panamá tiene la obligación de realizar una auditoría ambiental independiente para determinar todos los daños ambientales que han ocurrido en el distrito de Donoso.
Aseguró que, la ola de arbitrajes internacionales en contra de empresas mineras favorece la posición de Panamá y hay cómo 'defendernos', hay tiempo para preparar un equipo para enfrentar la demanda de arbitrajes internacional.
Para Noriega, se tomó la decisión correcta en ir por la vía legal en el Órgano Judicial porque tanto en el contrato-ley minero como el derecho internacional reconoce eso (fallo inconstitucional) como derecho de los países.
"Si la Corte lo hace tiene un mayor grado de legalidad que si lo hace la Asamblea", aclaró Noriega.
Desde el 23 de octubre, cuando se entregó la primera demanda de inconstitucionalidad en la secretaría general de la Corte Suprema, el país ha estado a la espera del pronunciamiento de la máxima instancia de justicia. Según señala Noriega, es una buena señal de que se están tomando el tiempo y el "fallo no estaba engavetado".
Advirtió que no sería lo más apropiado de que el Estado le permita a la minera llevar a cabo su propio proceso de cierre. Resaltó la importancia de realizar una auditoria independiente para conocer si hay accionistas minoritarios panameños, es decir, que tengan el 10% o menos en acciones de la empresa minera.