Contraloría lleva bonificaciones de la UP ante la Corte Suprema de Justicia

La Contraloría General de la República interpuso ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una demanda de nulidad en contra del artículo 182-B del estatuto universitario, el cual le daba luz verde a las bonificaciones en la casa de Méndez Pereira.

De acuerdo a una nota de prensa de la Contraloría, la decisión de la Contraloría se da posterior a las recientes aprobadas bonificaciones en la UP; toda vez que se extralimita a lo contemplado en la Ley 9 de 1994 y sus respectivas modificaciones, que establece y regula la Carrera Administrativa.

La Contraloría solicita que “se declare nulo por ilegal” el artículo antes citado del estatuto universitario, puesto que es utilizado como fundamento para realizar actos administrativos que afectan fondos públicos.

La demanda también pide a los magistrados de la Sala Contencioso Administrativo que “suspendan los efectos del artículo 182-B del Estatuto Universitario”, por el perjuicio notoriamente grave al patrimonio del Estado.

La tarde del 4 de agosto del presente año el Consejo Académico Universitario aprobó una resolución en la que favoreció a un centenar de profesores mayores de 75 años que han deseado retirarse, entre ellos el actual Rector. La resolución habla de millones de dólares conmutados en unos bonos que funcionan como liquidación.

El documento resolutivo al que hemos tenido acceso dice que los profesores que se acojan al retiro recibirán un bono igual al sueldo de un mes correspondiente al mejor salario que ha tenido en los últimos años. La cantidad pagada será igual a 15 años de servicio.

Para hacer frente a esta ambiciosa propuesta los directivos de la Universidad de Panamá centralizaron el dinero de 13 facultades hasta acumular $2,5 millones. Pidieron a la Contraloría transferir estos fondos a la partida de planilla. La petición disgustó a las autoridades estatales.