Contraloría revisará salarios, gastos de representación, movilización y dietas de representantes y alcaldes

El contralor general de la República, Gerardo Solís, giró instrucciones a la Dirección Nacional de Fiscalización General, para que realice una evaluación de los salarios, gastos de representación, movilización y dietas de los alcaldes y representantes de corregimiento.

Según el contralor Solís, “las decisiones político administrativas adoptadas por cada Concejo Municipal con relación a su presupuesto son responsabilidad exclusiva de los alcaldes y representantes, esto es así por el respeto a la autonomía institucional, como corresponde en un Estado de Derecho”.

Esta base legal y el espíritu mismo de la Ley de Descentralización es la que permite la asignación presupuestaria actual en el renglón de gastos de movilización. “Por lo cual, cada asignación debe tener una sustentación que vamos a revisar minuciosamente”, resaltó el contralor Solís.

En un comunicado, la Contraloría resalta que al menos desde antes de 2007 durante la gestión del excontralor Carlos Vallarino, se autorizó tramitar los pagos de movilización de alcaldes y representantes, tal como se venía haciendo.

Mientras que, en 2016, durante la administración pasada, el Consejo Municipal de Panamá acordó gastos de movilización por 3 mil mensuales para cada representante.

En comunicado sigue señalando que “en diciembre de 2017, mediante otros acuerdos se aumentaron a 4 mil dólares mensuales y en diciembre de 2019 se incrementó a 5 mil mensuales. Todas estas asignaciones presupuestarias se implementaron con el refrendo delegado por el excontralor, Federico Humbert”.

Por su parte, Jorge Luis Quijada, director Nacional de Fiscalización, explicó: “haremos un análisis completo de todos estos gastos para que se pueda tomar una decisión coherente y bien informada con respecto a las mismas. Haciendo la revisión y análisis de cada una y si son sustentadas y cuentan con los ingresos para sostener estas erogaciones”.

El comunicado de la entidad señala que “que la información que evidencia la asignación presupuestaria de los gobiernos locales se hizo pública por la Contraloría mostrando nuestro acostumbrado cumplimiento y respeto con las normas de transparencia”.