Almas de Fuego
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La Contraloría General de la República ordenó la suspensión de salario a funcionarios que a siete meses de la administración gubernamental de Laurentino Cortizo no han presentado la Declaración Jurada de Estado Patrimonial.
Presentar está declaración es "es de obligatorio cumplimiento, al inicio y término de sus funciones públicas, según el Artículo 304 de la Constitución Política".
La Contraloría proporcionó a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) un listado de los servidores públicos que han presentado su Declaración Jurada de Bienes Patrimoniales y que ascienden al 95% de los funcionarios, mientras que el 5 % no han cumplido y a quienes se les procedió a retener el salario.
Los funcionarios que están obligados a presentar su declaración jurada de su estado patrimonial son: el Presidente y Vicepresidente de la República, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de los Tribunales Ordinarios y Especiales, el Procurador General de la Nación y el de la Administración, los Jueces, los Ministros y Viceministros de Estado, el Contralor General.
También deben presentarla, el presidente de la Asamblea Nacional, los Rectores y Vicerrectores de universidades oficiales, los Directores Generales, los Gerentes o Jefes de Entidades Autónomas, los Directores Nacionales y Provinciales de los Servicios de Policía, el Defensor del Pueblo y, en general, todos los empleados y agentes de manejo.
La suspensión de salarios a funcionarios obligados a presentar su Declaración Jurada de Estado Patrimonial está contemplada en la Ley 59 de 29 de diciembre de 1999.