‘Contraloría cómplice de la corrupción’ de los auxilios económicos, dice Fundación para la Libertad Ciudadana

Ciudad de Panamá/La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana Capítulo Panameño de Transparencia Internacional, emitió un comunicado este viernes 12 de abril en el que hizo referencia al manejo de datos y fondos públicos que ha dado el contralor de República, Gerardo Solís, en el refrendo de los auxilios económicos que el Ifarhu aprobó otorgar a hijos, sobrinos, familiares y allegados de políticos.

Explicó la Fundación para la Libertad Ciudadana que, la Ley de Protección de Datos Personales establece la excepción de que los datos se pueden tratar en el beneficio del interés público y la rendición de cuentas del uso de fondos públicos.

Olga de Obaldía, directora Ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, manifestó a TVN Noticias que, la actitud por parte de la Contraloría, amparada en la Ley de Transparencia y de Protección de Datos Personales crea "una suerte de complicidad con la opacidad, en lugar de generar los controles que la ciudadanía espera, sobre el uso de los fondos públicos".

Señalaron en el comunicado que, Solís, en sus declaraciones "tergiversa" el cumplimiento de la ley bajo el argumento insostenible de la “discriminación”.

“Hoy escuchamos al Contralor Gerardo Solís justificar la opacidad y discrecionalidad en el uso de los recursos públicos, con un descaro inaudito y desvirtuando completamente la labor de la institución que preside”, señalaron en el comunicado.

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Añadieron que la democracia peligra, cuando no se cuenta con órganos de control independientes y eficaces, e indicaron que tal situación “es justo lo que nos está sucediendo en Panamá”.

Subrayaron que el contralor Solís eligió ignorar el mandato de la Ley de Transparencia y la jurisprudencia que ha establecido en múltiples casos que el nombre, el número de cédula y el monto de fondos públicos recibidos por una persona como beneficiaria o contratista del Estado no es información confidencial y debe ser publicada.

"Lo que estamos presenciando estos días en el país, hace imperativo que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre el Recurso de Inconstitucionalidad presentado por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Capítulo Panameño de Transparencia Internacional (FDLC – TI Panamá), contra la reforma a la Ley Orgánica de la Contraloría, aprobada en diciembre de 2022 por impulso del Contralor Solís, que da sustento a la falta de controles de su administración. Es la democracia misma la que está en juego", expresaron.

En el día de ayer, el contralor se presentó ante la Procuraduría General de la Nación a presentar una denuncia por un posible delito contra la administración pública.

De acuerdo con la investigación periodística, que reveló una lista de más de 4,000 auxiliados, entre los que se encuentran familiares de políticos, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu), junto a la Contraloría de la República, mantenían la información en reserva y este viernes 12 de abril, se conoció que el contralor admitió y explicó los motivos por los que decidió ocultar la información, que se supone debe ser de carácter público.

 En su momento, la Antai destacó la información del otorgamiento de beneficios económicos eran de carácter público y recomendó al Ifarhu dejar sin efecto la resolución NO. 320-2021-22 del 3 de agosto de 2021, por medio de la cual dicha institución solicitaba declarar como “datos confidenciales”.

Bernardo “Nando” Meneses, quien ejerció como director de la institución hasta enero 2023, indicó a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) “que no entregaría los expedientes de los beneficiados con estos fondos públicos porque se trata de “datos personales” y -según él- es información que no puede ser compartida. para blindar la información, invocó la ley 81 de 2019, sobre protección de datos personales”. 

 El escándalo de los auxilios económicos inició a finales del año 2022, cuando se reveló que hijos de diputados y allegados al gobierno habían sido beneficiados con sumas que superan los 100 mil dólares.

Con información de Meredith Serracín