Ciudad de Panamá, Panamá/El Contralor General de la República, Gerardo Solís, se refirió este viernes 28 de junio a la posibilidad de refrendar las cuantiosas liquidaciones que la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. (Etesa) pretende pagar a funcionarios de alto perfil.

Según Solís, envió una consulta a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), como lo faculta la Ley de la Contraloría, para que esta determine la legalidad de dichos pagos, respetando la independencia e integridad de la Constitución Nacional. En palabras del Contralor: "He escuchado a quienes opinan que es legal, pero inmoral. En los temas de la moralidad, depende de la ética individual (...) Todos los directores de Etesa anteriores también habían cobrado. Actuaré siempre con corrección de acuerdo con lo que determine la ley".

“El tema de los mutuos acuerdos, pese a que en el pasado la tradición ha sido que sí se reconocen, en este caso lo hemos enviado a la CSJ. Esta es la que tiene la última palabra para determinar la legalidad de los actos y esperaremos a lo que decida”, dijo.

Sobre la solicitud del presidente electo de la República, José Raúl Mulino, para que estas u otras fórmulas no sean pagadas, Solís expresó que hasta el momento no ha mantenido conversaciones con Mulino y que este no se lo ha solicitado de forma personal. Además, aclaró que, sus comunicaciones con el presidente electo serán estrictamente profesionales.

Aumento de salarios

Otro tema abordado por el contralor fue el de los presuntos aumentos salariales realizados a algunos funcionarios. Al respecto, señaló que en la Contraloría General de la República todo se hace de manera planificada y bajo un sistema de métodos, órdenes y guías.

"La Contraloría está estrictamente estructurada. No hacemos nada al libre albedrío de la voluntad de un contralor. La Ley de la Contraloría de 1984 dispone que cada dos años debe hacerse una revisión salarial. La última se realizó hace más de una década. Antes de eso, también hubo una mora similar a este periodo", explicó.

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Asimismo, indicó que una vez asumido el cargo en la institución, realizó ajustes a la escala salarial y a los cargos en los respectivos sistemas. Manifestó que estos ajustes se detuvieron por la pandemia y se reactivaron hace dos años, en donde el borrador se trabajó durante el 2023 y se firmó este 2024.

También aclaró que hasta el momento no se ha realizado un aumento salarial a ningún funcionario y que en realidad se está aprobando la nueva escala con los nuevos grados de la entidad.

Destacó que los aumentos "dependerán de las posibilidades del presupuesto que organizará el nuevo gobierno y de la voluntad de aprobar o no la ley. Si no hay dinero, no se harán los aumentos". De igual forma, destacó que todo en la entidad se realiza por mérito.

En tanto, Mulino, en entrevista con TVN Noticias, manifestó su desacuerdo con esto, asegurando que en caso de que se den, no los incluirá en el presupuesto de la Nación, que pasa por el Ejecutivo.

Si a Solís le quedan 6 meses, a mí me quedan cinco años, que él decida si es piedra contra papel, bueno, vamos piedra contra papel”, manifestó.