El contralor audita a la Procuraduría de la Administración, ¿Qué sucedió?

Panamá/El 21 de junio de 2024, la Contraloría General de la República a cargo de Gerardo Solís, notificó a la Procuraduría de la Administración, que dirige Rigoberto González, sobre la apertura de una auditoría relacionada con el proceso contractual de una licitación pública del año 2017.

Esta auditoría, ordenada por Solís mediante la Resolución Núm. 444-2024/DINAG, busca "determinar la corrección o incorrección en el proceso contractual, en la ejecución, pagos y otras actividades" relacionada con la licitación pública Núm. 2017-0-37-037-08-LP-003235, que dio lugar al contrato de servicios Núm. 016-2017.

El contrato en cuestión se refiere a trabajos de impermeabilización y aislamiento térmico-acústico en el edificio de la Procuraduría, con una licitación que se realizó el 23 de febrero de 2017 y un precio de referencia de 32,000 dólares.

La Procuraduría anunció ayer mediante comunicado que la Contraloría ha estado revisando toda la documentación pertinente y ha solicitado información a varios departamentos dentro de la Procuraduría, incluyendo la Secretaría Administrativa, Servicios Generales, Asesoría Legal, Auditoría Interna y Planificación.

“La Procuraduría ha cooperado plenamente, proporcionando toda la información requerida de manera oportuna”, dice el comunicado, que además acota que una vez concluida la auditoría, la Procuraduría de la Administración dará a conocer los "resultados obtenidos".

El procurador González ha sido un duro crítico de Solís en algunos temas de interés nacional. Por ejemplo, el Procurador cuestionó el manejo de la Contraloría con respecto al contrato ley 406 de 2023, que otorgó la concesión a favor de Minera Panamá, que más tarde fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, el cual fue refrendado por el contralor Solís.

 “Queda claro que el texto del contrato modificado no tuvo el procedimiento previo y actualizado que requería para ser refrendado por la Contraloría”, indicó González en su escrito de opinión a la Corte.

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Este año, en tanto, solicitó a la Corte que declare "nula por ilegal" la adenda, refrendada por Solís, que prolongó por 10 años el contrato con el consorcio Panama Lottery Technology Services, responsable de la lotería electrónica conocida como Lotto y Pega 3.

Solís, quien es blanco de críticas ciudadanas por su gestión, se mantendrá como contralor por los cuatro meses siguientes, pues su periodo vence en diciembre próximo. Precisamente, por estos días, la Asamblea Nacional busca su reemplazo. 

Vea aquí el comunicado de la Procuraduría: