Flores sobre auditoría a Panama Ports: tergiversaciones, falta de refrendo y un perjuicio económico de $1.2 billones

El contralor general de la República, Anel 'Bolo' Flores, brindó detalles de la auditoría realizada a la empresa portuaria Panama Ports Company, en la que afirmó que la auditoría anterior que permitiría la renovación inmediata del contrato señalaba que hacían falta documentación sustentadora requerida y no hubo colaboración de la empresa, por lo que no se pudo constatar la revisión, supervisión y el seguimiento de los procesos de inversión de la empresa Panama Ports Company, un requisito obligatorio de cumplimiento.

"Obviamente, hubo ausencias, revisiones a las tarifas y un sinnúmero de temas. Pero estas recomendaciones que están aquí es que hay falencias importantes, donde ellos solamente pudieron constatar 690 millones de inversión, de mil millones requeridos para dicha renovación automática", manifestó.

Flores aseguró que dicha auditoría fue 'muy mal tergiversada por la Autoridad Marítima de Panamá'.

De acuerdo con Flores, la auditoría anterior para la renovación del contrato fue básica y es falso que el contralor anterior, Gerardo Solís, autorizara y diera criterios positivos para la renovación.

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El contralor hizo un breve resumen de la historia de la operación de Panama Ports en Panamá, señalando los recursos que entrega al Estado y la falta de información de parte de la misma.

Destacó que la Autoridad Marítima en aquel momento 'malamente' usó una auditoría de la contraloría donde decía que se habían hecho sustanciales cumplimientos de las obligaciones básicas del contrato, y según la adenda, la renovación se tenía que dar con la totalidad de las obligaciones básicas.

Destacó que existe una gran diferencia entre aquella auditoría y la realizada recientemente por su administración, que es completa, financiera, legal, jurídica y tiene todos los componentes.

Durante la conferencia, hizo un breve resumen de la historia de la empresa operando los puertos en Panamá, y cómo los aportes al Estado han disminuido.

En ese sentido, detalló que en el 2002 se hizo una resolución en la que no solamente quitaron 22 millones de dólares fijos, sino que cambiaron el 10% bruto por el 10% neto. Después de haber recibido en el año 2002 la suma de 28 millones de dólares, en el 2003, que fue el primer año de la resolución esta que cambió todo, recibimos la módica suma de 1.3 millones de dólares.

Y ahí comenzaron las desgracias de este contrato. Y comenzábamos a dejar mucha plata, como panameños, como todos los panameños, dejamos mucho en el terreno. Cosa que no hemos podido recuperar", expresó.

Agregó que Panamá debió haber recibido 1.337 millones de dólares durante el periodo de la concesión. Y solo recibimos 483 millones de dólares con un perjuicio para la República de Panamá de 853 millones de dólares en el mismo periodo. "Ahora eso no es culpa de la compañía, o puede tener parte de culpa, pero no es culpa de la compañía".

Indicó que si a eso se le suman las tantas exenciones fiscales, muchas exenciones fiscales, eso arroja otros 350 millones de dólares más. O sea que realmente el perjuicio para la República anda por el orden de 1.2 billones de dólares a razón de 55 aproximadamente por año que dejamos de percibir como país.

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Flores continuó haciendo señalamientos relacionados con la cantidad de contenedores que movió la empresa durante años y los aportes que entregaba al país que, aparentemente, no correspondían a lo pactado.

"De los ingresos totales de lo que ha hecho esta compañía en Panamá, Panamá escasamente recibió el 9% de los ingresos. O sea, que ni en eso han cumplido. Una compañía muy curiosa. En 1997, cuando pagaron los 28 millones de dólares, perdón, en el 2002, ellos habían movido, o movieron ese año, 400.000 contenedores totales. Y el año pasado, movieron 3.7 millones de tegus. Pero la ganancia está igual", indicó.

Aquí entre más contenedores mueven, menos ganan. Y ahí vamos", — Anel 'Bolo' Flores - Contralor General de la República

Reiteró el papel que jugó la Autoridad Marítima Panameña de aquel entonces, señalando que "malamente' usó una auditoría de la Contraloría, donde decía textualmente que se habían hecho sustanciales cumplimientos de las obligaciones básicas del contrato, entre ellas la del aporte o de la inversión de mil millones. Sustancial en el término de una auditoría significa parcial. Y según la adenda, la renovación se tenía que dar con la totalidad de las obligaciones básicas. Sustanciales cumplidas, cosa que no se hizo".

Fue contundente al citar la ley sobre renovaciones de concesiones portuarias y el refrendo de la Contraloría: "Según la Ley 56 de Puerto, en su artículo 32, puede ser hecha sin la Contraloría o el refrendo de la Contraloría.

Quiero decirles que eso no pasó por Contraloría, esa renovación jamás fue refrendada por la Contraloría General de la República. Por ende, lo dejo a todos ustedes a buenos entendedores".

Recalcó que en la auditoría realizada hay hallazgos importantes que arrojan sumas de más de 300 millones de dólares que nos adeudan por incumplimientos en el contrato.

Anunció que mañana o en los días próximos se presentarán en el Ministerio Público a presentar las denuncias correspondientes para que se investigue penalmente a los directores que manejaron esa renovación, a la Junta Directiva y a los oficiales de esa compañía Panama Ports que obviamente tendrán que explicar al pueblo panameño ante el Ministerio Público por qué tanta magnanimidad, por qué tanta benevolencia en un contrato que ha sido leonino.

El contralor aseguró que la institución ingresará en todas las terminales portuarias a nivel nacional, ya que esa es la misión de controlar y velar por los intereses del país.