Contaminación y mal olor: así es como las comunidades describen la expansión de la palma en Panamá

En la zona fronteriza entre Panamá y Costa Rica, a unos 486 kilómetros de la capital panameña, el humo que emana de cuatro plantas extractoras de aceite de palma evidencia la metamorfosis de la zona que antes era bananera y arrocera, pero que ahora está llena de palmas aceiteras: el agua de los ríos ha cambiado su color, los peces empiezan a escasear y camiones cargados con corozo y bagazo van dejando a su paso un desagradable olor que impregna caminos y viviendas.

Esta metamorfosis inquieta a pobladores de Barú, distrito ubicado en la occidental provincia de Chiriquí y que concentra la mayor producción de palma en Panamá. En Barú hay unas 11 000 hectáreas sembradas con palma de aceite, esta cifra representa poco más de la mitad de las 21 000 que hay en el país, de acuerdo con cifras del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

En la última década, el aceite de palma se ha convertido en el cuarto producto más exportado en Panamá, sólo antecedido por el banano, los crustáceos y el cobre. Si en el año 2010 las exportaciones del aceite de palma representaron para el país ingresos por 4.7 millones de dólares, para el 2023 esa cifra alcanzó los 53.4 millones de dólares, de acuerdo con cifras del Ministerio de Comercio e Industrias.

En el pasado, en el distrito de Barú se sembraba cerca del 70 % del arroz que se producía en el país. Eso comenzó a cambiar a partir de 1990, año en que se instaló la primera planta extractora de aceite en la zona. En ese entonces, el cultivo de la palma “era la panacea; por el refinanciamiento que te ofrecía el Estado, las tierras con vocación arrocera se volvieron palma aceitera”, relata Gabriel Araúz, integrante de la Asociación de Productores de Arroz de Chiriquí y presidente de la Federación de Productores de Arroz y Granos de Panamá.

Ahora en la región “nada más se mueve el corozo (fruto de la palma), para arriba y para abajo”, dice Maricela Guerra, una ama de casa de 36 años, residente de La Esperanza, comunidad ubicada en el corregimiento de Baco, en el distrito de Barú. Mientras ella habla, un viejo camión transporta la fruta de color naranja.

En la zona sobresale un peculiar olor, los pobladores lo llaman “mondongo”, porque les recuerda al hedor que tiene la comida que también llaman así y está hecha con tripas de vaca. “Ahora huele feo, feo. Ese mismo olor del corozo, cuando lo comienzan a cocinar (para producir el aceite de palma), atrae a las moscas, huele a porqueriza. Para el tiempo del verano no se aguantan las moscas azules”, se queja Maricela Guerra. Jorge Valenzuela, un productor independiente de palma, le da la razón. 

Guerra y Valenzuela recuerdan que un vecino intentó crear un comité para evitar la instalación de una de las plantas extractoras de aceite que hay en Barú. La iniciativa no avanzó: el vecino terminó vendiendo sus tierras y abandonando el lugar. Él es sólo uno de los tantos que han vendido o rentado sus tierras en esta región que tiene en la producción de aceite de palma una esperanza económica. De acuerdo con los datos públicos disponibles del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá, en 2015 el distrito de Barú tenía a 37.6 % de su población por debajo del nivel de pobreza general y al 14.4% por debajo del nivel de pobreza extrema.

En Panamá, la industria de la palma de aceite da trabajo a unas 5000 familias de forma indirecta, señala el director de agricultura del MIDA, Abel Aparicio. En la provincia de Chiriquí, donde se concentra el 96 % de la producción de aceite de palma, hay unos 712 productores, de acuerdo con cifras oficiales del MIDA.

En esta región de Panamá, el vacío de empleo que dejó la salida del país de la United Fruit Company —controvertida empresa bananera de Estados Unidos que operó en varios países de Sudamérica durante décadas— lo llenó la industria palmicultora, resalta el sociólogo y docente de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Rigoberto Pitti. El investigador también señala que el monocultivo de la palma ahora está agotando los recursos hídricos, contaminando y degradando el suelo y provocando la migración de aquellos que no encuentran lugar en esta industria que “sólo ha enriquecido a los inversionistas”.

Un agricultor que pidió no ser citado, ya que el sustento de su hogar depende de la relación comercial que tiene con una empresa palmicultora, asegura que la producción de aceite de palma no sólo deja malos olores. También ha generado daños ambientales, en especial la contaminación de los ríos. Y también advierte: “El pueblo puede decir misa, pero el poder económico (de la palma) pesa más”.

Ya no se puede ir al río

En la comunidad de La Esperanza, Luis González, un hombre de 70 años que se moviliza en bicicleta como la mayoría de los baruenses, dice con mucha seguridad que “la procesadora (de aceite de palma) tira el agua con la que procesan la fruta al río”. No distingue cuál de las procesadoras de aceite que están próximas al río Chiriquí Viejo, en Barú, es la que contamina el afluente.

A doce kilómetros de La Esperanza se ubica la primera planta extractora que llegó a la zona: la Extractora del Barú (Ebasa). A pocos pasos de la planta hay un letrero sobre un puente que identifica al “río Palo Blanco”.

Un joven que atiende un negocio cerca de las instalaciones de Ebasa comenta que su familia, así como la gente de la comunidad, ya no pueden ir al río Palo Blanco a bañarse ni a recolectar camarones por los olores desagradables, que para él son comparables al excremento.

El Ministerio de Ambiente (Miambiente) confirmó a Mongabay Latam que tiene un proceso abierto en contra de Ebasa por la presunta contaminación al suelo y descargas de aguas residuales en este río. Desde el año 2022, el proceso está en fase de pruebas, informó en entrevista Bolívar Sánchez, titular de la Dirección de Verificación del Desempeño Ambiental (Diveda) del Ministerio.

A través de correo electrónico, Mongabay Latam consultó a Ebasa sobre la denuncia por la posible contaminación del río Palo Blanco, pero hasta el momento de publicación de este texto no se obtuvo respuesta.

Hermel López trabajó en una planta extractora de aceite y fue gerente de cooperativas de palma como la Cooperativa Empresa Productora de Aceite de Chiriquí (Coopemapachi) y Cooperativa General Omar Torrijos Herrera RL (Coopegoth). Conoce el proceso para elaborar el aceite de palma: las toneladas de corozo se cocinan en calderos grandísimos y después se separa el agua del aceite. El agua que resulta de este proceso se deposita en lo que se conoce como “tinas de oxidación” y, aunque existen trampas para evitar fugas, “siempre ocurren filtraciones a los ríos y quebradas”, señala López.

Aceite amarillo que llega al río Chiriquí Viejo

Además de estar en la cuenca del río Palo Blanco, el distrito de Barú forma parte de la cuenca baja de otro río, el Chiriquí Viejo. Esa cuenca es considerada una de las de mayor importancia socioeconómica del país, de acuerdo con el diagnóstico de la condición ambiental de los afluentes superficiales de Panamá, debido a su capacidad para la producción agropecuaria y a las condiciones naturales que permiten una importante disponibilidad de agua.

Los habitantes de la región aseguran que el río Chiriquí Viejo también sufre las consecuencias de la expansión de la palma de aceite en la zona. “¿Usted siente el olor? Es (olor) a podrido. En la mañana, cuando procesan el corozo, se siente que el olor pega en la cara”, explica Pablo Espinoza, extrabajador de las bananeras y quien en mayo miró cómo de una de las plantas procesadoras salía un aceite amarillo: “Cuando eso se empieza a derramar va a parar al río Chiriquí Viejo. Yo lo he visto… hicieron como un canal por donde caen los líquidos de los corozos y cae en el río Chiriquí [Viejo]…”.

Esa situación, asegura, se repite con frecuencia. La planta extractora de aceite que los vecinos señalan como la responsable de la contaminación al río Chiriquí Viejo pertenece a la Comercializadora Sharon Panamá, compañía que adquirió fincas que antes pertenecían a la Corporación Industrial Barú S.A. (CIBA, S.A.), empresa liquidada en 2023, de acuerdo con documentos del Registro Público (RP).

La planta extractora de Comercializadora Sharon Panamá también opera en terrenos de la liquidada CIBA, S.A., empresa que de acuerdo con su blog estaba integrada por tres cooperativas: Servicios Múltiples de Corozo y Palmito, Servicios Múltiples General Omar Torrijos Herrera y Palma de Chiriquí.

Sanciones “irrisorias”

De acuerdo con una respuesta entregada a Mongabay Latam, a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, CIBA, S.A. ya había sido sancionada en 2022 con una multa por 2 500 dólares por contaminar el suelo y el río Chiriquí Viejo con aguas residuales.

Además, dos años antes, en 2020, la empresa Agropalma de Inversiones, también recibió una sanción —una multa por 4,000 dólares— por contaminar el río Chiriquí Viejo.

En 2016, también se sancionó a la Cooperativa Empresa Productora de Aceite de Chiriquí (Coopemapachi). En este caso, el Ministerio de Ambiente no informó en qué consistió la sanción ni cuál fue la acción que la motivó.

En la actualidad, de acuerdo con la información entregada por el Ministerio de Ambiente, no hay procesos abiertos en contra de la empresa Comercializadora Sharon Panamá. Mongabay Latam se presentó en la planta procesadora de aceite que Comercializadora Sharon Panamá tiene en Barú. Ahí se informó que no había nadie que pudiera atender. También se solicitó entrevista vía correo electrónico. Una semana después de recibir las preguntas, Alfredo Henríquez, quien se identificó como asesor legal de la compañía, advirtió vía telefónica que sólo responderían las preguntas en una nueva visita a la empresa, la cual se localiza a más de siete horas de la capital.

Henríquez —abogado de CIBA S.A. desde el 2015 y hasta 2023, según la información que aparece en el Registro Público— rechazó las alternativas que Mongabay Latam le planteó para realizar la entrevista. Sobre las multas que se han impuesto por contaminación al río y al suelo, Bolívar Sánchez, titular de la Dirección de Verificación del Desempeño Ambiental (Diveda) del ministerio, las consideró como irrisorias: “Estamos claros que no representa nada, no disuade a nadie”, señaló en entrevista. Además, aseguró que la actual administración, que inició funciones en julio de este año, está

revisando las normativas.

Utilizando la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, Mongabay Latam también solicitó al Ministerio de Ambiente copia de los estudios ambientales, reportes de inspección, informes de auditorías y vigilancia ambiental a los cultivos y las plantas extractoras ubicadas en la provincia de Chiriquí.

El Ministerio proporcionó 12 de los estudios ambientales de las plantaciones de palma y algunos de las extractoras de aceite realizados entre 2012 y 2019. No entregó los informes de inspección, seguimiento ni la auditoría ambiental realizada en la provincia de Chiriquí.

En 2005, Pablo Espinoza y otros vecinos de la zona acudieron al Ministerio de Ambiente para presentar una queja por la tala de árboles en una zona donde ahora sólo hay palmas de aceite. Los del ministerio, dice decepcionado, “nunca hicieron nada”.

En la zona donde se realizó la tala, algunos árboles sobrevivieron porque la comunidad exigió dejar un área para uso recreativo alrededor del río, “pero ya no hay peces como antes”, dice Espinoza.

En Panamá, antes de comenzar un proyecto, las empresas deben presentar estudios ambientales realizados por consultores registrados y validados por el Ministerio de Ambiente. El costo del estudio lo cubre la compañía. El ministerio toma en cuenta este estudio para aprobar o rechazar el proyecto.

En 2011, CIBA, S.A presentó un estudio ambiental para la planta de extracción de aceite de palma y palmito. En el documento se mencionan algunos de los efectos que tendría su proyecto: “Pérdida por migración y/o muerte de las pocas aves que actualmente se observan… derrame en grandes cantidades de aceites y aguas residuales”.

Palma que se expande sin control

Jonathan González Quiel, investigador en cartografía de la Fundación para el Desarrollo Integral Comunitario y Conservación de los Ecosistemas en Panamá (Fundiccep), y Ariel Rodríguez,

biólogo e investigador de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), mapearon la zona donde habita el mono titi chiricano o mono ardilla (Saimiri oerstedii), considerado En Peligro de extinción, y el aullador (Alouatta palliata), en los distritos de Barú y Alanje, ambos ubicados en la provincia de Chiriquí.

El estudio se inició en 2017. Durante ocho meses, los dos investigadores y 15 estudiantes mapearon y realizaron trabajo de campo. “El mapeo comunitario mostró dónde se ubican las plantaciones de las palmas en relación a los caseríos y las principales fuentes de agua de la comunidad, como pozos y afluentes,”, recuerda González Quiel.

Uno de los hallazgos de la investigación es que, tanto en Barú como en Alanje, la palma de aceite no deja espacio entre los campos: “Son grandes extensiones de terreno y no permite que los ecosistemas se conecten... Con la llegada de la palma, las fincas ganaderas reemplazaron las cercas vivas —plantaciones de árboles para delimitar terrenos— y desde el satélite observamos que los bosques de galería en las quebradas fueron eliminados para sembrar hasta el último centímetro de palma, con excepción de los cañones o zonas profundas donde hay arroyos”, explica González Quiel.

La falta de conectividad de ecosistemas significa todo un reto para el desplazamiento de los animales silvestres, entre ellos los monos. González Quiel y Rodríguez no pudieron publicar ni abarcar todos los puntos de su investigación por falta de apoyo.

En esta región de Panamá, pese a la expansión del cultivo de banano o de arroz, “siempre se había permitido la existencia de bosques de galería a orillas del río Chiriquí Viejo”, explica la bióloga y profesora del departamento de Botánica de la Universidad de Panamá, María de Staff. Eso ya no se aprecia, porque las palmeras han ganado terreno, como ella misma lo corroboró en abril pasado, durante una visita que realizó a comunidades de los distritos de Barú y Alanje. Al conversar con la comunidad de Alanje, la investigadora percibió que los residentes ven el cultivo de la palma como una esperanza para obtener mayores ingresos, pero desconocen los daños ambientales.

La investigadora también señala que no hay información pública sobre el tratamiento que se le está dando, o no, a las aguas residuales en las plantas extractoras.

“Ese es precisamente el problema de Panamá: no hay ninguna entidad con la capacidad operativa de hacer estudios”, explica Ariel Rodríguez, biólogo e investigador de la UNACHI.

Stanley Heckadon Moreno, antropólogo e investigador científico del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, coincide en que uno de los problemas que se tienen en Panamá es la falta de investigación sobre las consecuencias sociales y ambientales que tiene la expansión de la palma aceitera.

Esto pese a que en otros países se ha documentado sobre los problemas ambientales provocados por la expansión de este monocultivo. En 2021, por ejemplo, la Red Mesoamericana frente a la Palma Aceitera, que agrupa a organizaciones y colectivos de Honduras, Guatemala, México, Uruguay y Ecuador, advirtió que “los monocultivos de palma provocan la desaparición de las fuentes de agua, desvían ríos y desaparecen lugares sagrados de los pueblos originarios vinculados con el agua. Impactan en las cosmovisiones de los pueblos originarios”.

Bolívar Sánchez, titular de la Dirección de Verificación del Desempeño Ambiental (DIVEDA) del Ministerio de Ambiente, asegura que sí hay una supervisión por parte del Estado a las plantas extractoras de aceite de palma, “pero con limitaciones”, ya que solo hay cinco inspectores para toda la provincia de Chiriquí. 

También informa que durante todo el quinquenio pasado no se hizo el monitoreo del índice de la calidad de agua del río Chiriquí Viejo ni de ningún otro río en el país. El Ministerio de Salud (Minsa), por su parte, confirmó que en el quinquenio de julio 2019 a julio 2024 no se efectuaron estudios del agua en las cuencas de los ríos Chiriquí Viejo, Palo Blanco o San Bartolo, donde se encuentran los campos de palma en esa provincia.

“Ahora se portan bien”

En Alanje, a 65 kilómetros de La Esperanza, también hay quejas de los pobladores por la contaminación del río Chiriquí Viejo. En ese distrito hay 625 hectáreas sembradas de palma aceitera y una planta extractora.

“Bienvenidos a Agropalma de Inversiones”, se lee en una llanta de camión pintada de amarillo y una valla en una calle de tierra en Nuevo México, corregimiento de Alanje. En un letrero que hay en el sitio también se informa que la empresa Agropalma de Inversiones contribuyó con la rehabilitación de 13.5 kilómetros de caminos en abril de 2022.

Los pobladores aseguran que la empresa invirtió en los caminos, como resultado de las quejas por la contaminación del río Chiriquí Viejo.

“Ellos se están portando bien ahora”, dice Pablo García y explica que la empresa construyó un baño en la plaza del pueblo y un gimnasio para el colegio después de que se registró un derrame de aguas residuales en el río Chiriquí Viejo, lo que ocasionó una mortandad de peces.

El evento al que se refiere García ocurrió en noviembre de 2023. En esos días, pobladores de la zona bloquearon la salida de los camiones de la planta procesadora y acamparon afuera de las instalaciones. Eso impidió a la empresa de capital guatemalteco exportar aceite durante unos 10 días.

Al ser consultada por Mongabay Latam, Agropalma de Inversiones negó que se haya derramado “aceite a ningún canal dentro o fuera de la empresa, río o zanjón, ya sea de manera intencional o

accidental”.

En noviembre de 2023, aseguró la empresa, la comunidad señaló a la planta como responsable de contaminar el río y afectar a la pesca.

La compañía notificó al Ministerio de Ambiente y este concluyó que la calidad del agua estaba dentro de las normas establecidas, pero no dejó ningún reporte porque no se formalizó la denuncia, aseguró Rodolfo Bonifassi, representante legal de la compañía palmicultora. “A pesar de evidenciar que Agropalma no desechó aceite ni residuos en el río, firmamos un acuerdo de buena voluntad con la comunidad para desarrollar proyectos”, precisó Bonifassi, quien recordó que en sus 161 kilómetros de longitud, el río Chiriquí Viejo tiene diversos usuarios aguas arriba —hidroeléctricas y otros cultivos— y que el río pudo afectarse por diversos factores.

Sin embargo, Abel Quintero, quien fue alcalde de Alanje entre 2019 y julio de 2024, señala que en noviembre de 2023, “las tinas [de oxidación] estaban escapando sus aguas a unos canales que daban al río Chiriquí Viejo... La empresa decía que tenía sus tinas con todo lo que dice la ley, pero los moradores demostraron que habían unas válvulas de escape que descargaban a los canales”.

En 2022 ya se había registrado un evento similar. En ese entonces también se cerraron los caminos durante 48 horas porque el río Chiriquí Viejo estaba contaminado. “Me tocó, como alcalde, mediar al menos dos veces”, dice Quintero.

Personal de los ministerios de Ambiente y Salud acudió, se hicieron informes, pero las inspecciones nunca eran inmediatas, asegura el exalcalde: “Hubo un derrame hoy, la gente protestaba mañana, la empresa cerraba la llave y el río va bajando… Mientras uno le manda la nota a Salud y a Ambiente, ellos vienen a los tres días y ya el río bajó”.

En 2020, como se mencionó en este mismo texto, el Ministerio de Ambiente sancionó a la empresa Agropalma de Inversiones por “afectar directamente la calidad del agua del río Chiriquí Viejo”, según indica en una resolución. En ese entonces, la empresa recibió una multa de 4 000 dólares.

Tan sólo un año antes, en 2019, la compañía de capital guatemalteco fue premiada por el exmandatario Laurentino Cortizo como “exportadora del año”.