Gremio de Contadores Públicos solicita la derogación del Decreto Ejecutivo que regula su profesión

Panamá/El gremio de Contadores Públicos Autorizados de Panamá (CPA) ha solicitado la derogación inmediata del Decreto Ejecutivo No. 176 de 30 de diciembre de 2024 (Gaceta Oficial N° 30187-C), emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas, argumentando que la regulación contenida en este decreto afecta directamente el ejercicio de la profesión contable y contradice disposiciones legales vigentes.

Señala  que dicho decreto, al establecer la "discrecionalidad" en el uso de los servicios de un contador público autorizado, desvirtúa la obligatoriedad de contar con estos profesionales en actividades clave, como auditorías, registros contables y preparación de informes financieros.

Según los representantes del gremio, esta medida afecta la calidad y la transparencia en la gestión administrativa y financiera del país.

En su rechazo al Decreto 176, el Gremio de Contadores Públicos de Panamá, conformado por la Asociación de Mujeres Contadoras Públicas Autorizadas de Panamá, el Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Panamá, el Movimiento de Contadores Públicos Independientes, la Asociación de Contadores y Auditores, conjuntamente con el Instituto Panameño de Tributaristas, argumenta la supremacía de la ley sobre el Decreto 176, debido a que el mismo no puede modificar, limitar ni contradecir lo establecido por la Ley 280 de 2021.

"Según la Ley 280, los actos propios de la profesión de CPA son claros y están debidamente delimitados, por lo que cualquier disposición que elimine o reduzca la obligatoriedad de contar con un CPA es jurídicamente ilegal", se lee en el comunicado.

Se quejan de la eliminación de la obligatoriedad del CPA; al dejar "a discreción" la intervención de un contador en actividades propias de su profesión, se vulnera la esencia misma de la Ley 280, que exige que ciertos actos específicos, como auditorías, manejo contable, peritajes y certificaciones, entre otros, sean realizados exclusivamente por profesionales idóneos debidamente autorizados.

Aseguran que este cambio debilita el marco de control y transparencia que protege la economía nacional.

Igualmente, plantean que la disposición propuesta no solo elimina oportunidades laborales para los CPA, sino que también pone en riesgo la calidad de los servicios financieros y contables. "La intervención de un CPA garantiza estándares éticos y técnicos que resguardan la confianza pública y privada" e insisten en que hay una contradicción con los objetivos de la Ley 280 promulgada con el objetivo de fortalecer la profesión contable, proteger los intereses económicos de las partes involucradas y garantizar la calidad en los servicios contables.

El Decreto, en lugar de complementar este propósito, desvirtúa la obligatoriedad de los CPA”, se lee en el comunicado.