CNP rechaza proceso penal abierto a Mauricio Valenzuela por supuesta violencia de género

El Consejo Nacional de Periodismo y el Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información emitieron un comunicado luego que el pasado 1 de septiembre, el Juzgado de Garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá imputara cargos por “supuesta violencia de género” a Mauricio Valenzuela de la plataforma digital FOCO.

En su comunicado el CNP y el Fórum de Periodistas declaran lo siguiente:

El cargo de servidor público, por designación o por elección popular, está inseparablemente sometido al escrutinio público. Este examen es parte del control democrático que fomenta la transparencia en las actividades del Estado y “promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre la gestión pública”.

No puede, nunca, el ejercicio del periodismo – a través de la investigación – generar “supuesta violencia de género”, cuando es intrínseco a la licitud de su desempeño la investigación periodística y la formulación de preguntas.

Es lamentable que el Ministerio Público, en este caso, representado por la Fiscal Lorena Quiroz, haya tramitado y solicitado la formulación de cargos, ante una reclamación que evidentemente busca evitar el libre ejercicio del periodismo. La fiscal, erró su criterio ante la ineptitud de la pretensión y, en vez de archivar el caso inmediatamente, cumpliendo con su deber primario de proteger los derechos fundamentales consagrados en la Constitución; optó por sumarse al abuso del sistema judicial, señala el comunicado.

Además agrega que, por su parte, el juez Carmelo Abdiel Zamorano, al acceder a la imputación de cargos “por la supuesta comisión de delitos de violencia de género” y la aplicación de medidas cautelares; avaló la investigación de un supuesto delito a todas luces inexistente y la abusiva utilización de su Juzgado como herramienta de censura previa al libre ejercicio del periodismo, que seguramente, será revertido por tribunales de segunda instancia o provocará escarnio al país ante cortes internacionales.

Corresponde al Consejo Nacional de Periodismo, por disposición de la Ley No. 82 de 24 de octubre de 2013, “promover el respeto por los derechos humanos de las mujeres y el tratamiento de la violencia contra las mujeres”, por lo que considera su deber denunciar los intentos de manipulación de estos derechos.

Abrir la posibilidad de procesar a periodistas por razón del abuso de otras jurisdicciones, al margen de la defensa de “la reputación o la honra de las personas o contra la seguridad social o el orden público”, sería tanto como reemplazar la libre emisión del pensamiento por el silencio, expresa.

Así mismo, la organización instó a los involucrados a tomar las medidas conforme al respeto por la libertad de expresión:

A la diputada Zulay Rodríguez Lu, a que desista inmediatamente de su acción penal, conforme su alegado respeto a la Libertad de Expresión y el sistema democrático.

Al diputado Leandro Ávila, presidente de la Comisión de Ética Parlamentaria de la Asamblea Nacional, de no producirse el desistimiento en un término perentorio, a pronunciarse conforme el numeral 11 del artículo 50 de su Reglamento Interno, ante el intento de manipulación de la administración de Justicia por parte de uno de sus miembros.

A la Administración de Justicia – fiscales y jueces – a salvaguardar con sus decisiones el Estado de Derecho y la seguridad jurídica que impida el abuso de los procesos judiciales para promover censura previa e intimidación, prohibidas por la Constitución Nacional.

A la sociedad panameña a estar alerta ante la utilización de procesos judiciales para impedir el libre ejercicio del periodismo y, en consecuencia, atentar contra la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información de los ciudadanos.