Conoce los cambios propuestos a la Ley de Contrataciones Públicas

Las reformas propuestas por el gobierno de Laurentino Cortizo a la Ley 22 de Contrataciones Públicas buscan agilizar los procesos y aumentar la transparencia. Sin embargo, también podrían relajar controles importantes.

De aplicarse los cambios propuestos, se eliminarían la fianza de propuesta por contrataciones de hasta 3 millones de dólares, así como las fianzas de recurso de impugnación hasta 1 millón de dólares. Además, se eliminaría el criterio de “propuesta riesgosa”. El objetivo sería eliminar trabas para que empresas nacionales y pymes puedan aplicar a más concursos públicos.

Se establece que, en caso de contrataciones por parte de municipios o juntas comunales, se favorecerá a las empresas domiciliadas en el área.

También se eliminarían los requerimientos de documentos como: Certificado de Registro Público, Aviso de Operación, Paz y Salvos de Renta, Paz y Salvo de Cuota Obrero Patronal de la Caja de Seguro Social y documentos apostillados. El argumento en este caso es que las autoridades ya cuentan con acceso a esa información.

Entre los procedimientos y que serían descartados se encuentra la licitación por mejor valor con evaluación separada.

Para agilizar los procesos se crearía un nuevo portal para búsqueda de información y se utilizaría el sistema de Blockchain, el mismo usado por las criptomonedas, para los procesos de contrataciones públicas.

Los reclamos ante la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) se harían en línea. El Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas (TACP) tendría 24 horas para admitir el reclamo y contaría con 10 días para resolver impugnaciones.

Un punto clave es la inclusión de la adquisición de medicamentos, insumos, equipos médicos y otros productos y servicios dirigidos a la salud humana. Esto beneficiaría a instituciones como el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social.

Como medida para evitar malas prácticas, los integrantes de comisiones evaluadoras serán escogidos aleatoriamente.

Incapacidad para contratar

Las reformas establecen que se incapacitará para licitar con el Estado a empresas o individuos que hayan sido condenados por delitos contra la administración pública o haya admitido y firmado acuerdos de colaboración reconociendo su responsabilidad. Se aplicará también para decisiones falladas en tribunales extranjeros, siempre y cuando el hecho punible esté tipificado en Panamá.

Esto no podrá ser afectado retroactivamente, lo que significa que no podrá ser usado para modificar contratos que ya hayan sido ejecutados a empresas como Odebrecht, que tiene condenas en varios países y ha firmado acuerdos de colaboración eficaz en Panamá.