Comarca Ngäbe Buglé, con liderazgo dividido y un acuerdo en el limbo

Los acuerdos de Barro Blanco son la parábola de un panadero en problemas: cuando ya los panes estaban por salir del horno deberán volver a la mesa, para ser amasados.

Los dirigentes ngäbes han rechazado este fin de semana, en un congreso extraordinario, el documento que pretendía poner fin al conflicto por la construcción de la hidroeléctrica Barro Blanco, 76 votos a 65.

Así las cosas, el diálogo –que tardó cinco meses- deberá retomarse, dejó ver la Cancillería en un comunicado, en el que expresó su “disposición al diálogo con el Congreso y otras autoridades comarcales”.

“Estamos ante un perfecto enredo que le hace daño al país”, dijo este lunes el asesor de la Cacique General, Alvin Weeden, en respaldo a la postura del Gobierno.

Sin embargo, el problema tiene muchos más prismas.

El problema, desde la disidencia

Desde la disidencia ngäbe, que promovió también la todavía confusa (e ilegal, según el Gobierno) destitución de la cacica Silvia Carrera, aseguran que no volverán a negociar, porque la postura es única: Barro Blanco debe ser demolido porque viola la autonomía comarcal que la Ley 10 de 1997 establece.

“No lo avalamos por fondo ni por forma”, dice Ricardo Miranda, vocero del Movimiento 10 de Abril, recordando que la hidroeléctrica fue levantada sin mayores consultas de impacto ambiental ni respeto a la cultura ngäbe, protegida por ley desde hace casi 20 años.

“No teníamos ninguna objeción cuando era de 19 megavatios, pero cuando subieron la capacidad del proyecto a 28 megavatios, entonces empezaron los problemas”, insistió.

El acuerdo establece que los indígenas aceptarán la puesta en operaciones de Barro Blanco, que quedará en manos de un operador independiente –y no de la sociedad Generadora del Istmo-.

También establece que el 50% de la mano de obra de la planta será indígena o campesina, y que el 15% de sus rentas será para el pueblo ngäbe.

¿Un mal acuerdo, una mala negociación, o ninguna de las anteriores?

Además de no admitir esta propuesta, la disidencia dice que la cacica y el Gobierno tramitaron “mal” el documento: que lo firmaron el 22 de agosto sin haberlo pasado antes por el tamiz del Congreso General, donde cerca del 50% de los convocados votó a favor o en contra de su aprobación.

Weeden ha confirmado que fue convocado por la cacica Carrera y los tres caciques regionales de Ngäbe Buglé a una reunión en la localidad de Cerro Pelado, para definir cuál es la ruta a seguir.

Aunque los caminos no son muchos: volver a negociar, en el mejor de los casos.

El problema, cree Weeden, no tendrá mayores repercusiones esta semana.

De manos foráneas y otras especies

Sin embargo, desde el otro lado no creen lo mismo. Ricardo Miranda establece que como el Congreso rechazó el acuerdo, la central hidroeléctrica debe ser cerrada. “Hemos dado un tiempo prudente, sino volveremos a las calles”, dice.

Ahora, ellos dicen reconocer a Genaro Smith –el primer cacique suplente- como la autoridad comarcal, aunque instan a Carrera a llevar a la Corte Suprema de Justicia su destitución.

“Hay una bandera política en todo eso, promovida por los que están a todo o nada”, reclama Weeden, basándose en que en 2017 serán las elecciones de nuevos caciques.

Miranda usa esa misma reflexión, pero a la inversa: “hay intereses foráneos en la comarca. Son intromisiones ilegítimas”.

Y en medio de ellos y las facciones que representan, Barro Blanco patalea en el limbo.