Confirman sentencia de 8 años de prisión para exdefensora del pueblo Patria Portugal

Ciudad de Panamá, Panamá/Durante una audiencia de apelación, la Sección de Cumplimiento de la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público logró que se confirmara la sentencia condenatoria de (8 años) 96 meses de prisión contra la exdefensora del pueblo, Patria Portugal, por peculado agravado.

El pasado 20 de junio, las autoridades judiciales detuvieron a Portugal, quien ocupó el cargo de Defensora del Pueblo entre los años 2011 y 2013. Esta acción se llevó a cabo después de la audiencia solicitada por la Fiscalía, donde se ejecutó la sentencia condenatoria en su contra. En agosto de 2020, Portugal fue declarada culpable por el delito de peculado agravado en perjuicio de la Administración Pública, en perjuicio de la Defensoría del Pueblo, hecho ocurrido en 2012.

Durante esta audiencia de apelación, celebrada la tarde de este lunes 26 de junio, el Ministerio Público estuvo representado por la fiscal Anticorrupción Johaira González Castillo, mientras que la imputada fue representada por la defensora técnica particular, la abogada Dixiana Lorena Acosta.

 

Hechos del Caso

La exfuncionaria Portugal fue destituida por la Asamblea Nacional en agosto de 2013, luego de ser acusada por sobrecostos e irregularidades en la contratación directa de dos empresas. Estas contrataciones estaban relacionadas con el rediseño de la página web de la institución y una consultoría de cambio de imagen.

Las investigaciones revelaron que, en abril de 2011, la exdefensora firmó un contrato con la empresa Imaginarium Studio, S.A., por un valor de 249,845 dólares para el rediseño de la página web. Además, en julio de 2013, se realizó otra contratación con la empresa En Avant, S.A., por un monto de 199,983 dólares para capacitaciones del personal.

La Fiscalía logró demostrar que Portugal llevó a cabo estas contrataciones directas sin una justificación válida, alegando "urgencia evidente". Esto permitió el desvío de fondos de la entidad, y también permitió que una empresa sin experiencia comprobada fuera contratada por el Estado para esa labor, pese a contar con personal capacitado y con experiencia en la institución.

Luego de un largo proceso penal que se extendió hasta agosto de 2020, la exfuncionaria fue declarada culpable del delito de peculado. En septiembre de 2022, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) confirmó la sentencia de 96 meses de prisión.

En diciembre de 2022, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó una solicitud de aclaración de la sentencia al determinar que el recurso era improcedente. De esta manera, se mantuvo la condena emitida por el Juzgado Liquidador Octavo Penal, que condenó a Portugal por peculado agravado en perjuicio de la Defensoría del Pueblo.