Condenan a 10 años de prisión a hombre por robo a joyería en Betania
De acuerdo con la entidad, por medio de la fiscal Jenibeth Barraza se dio la primera condena mediante un acuerdo de pena presentado ante el juez de garantías.
Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio Público, por medio de la Sección Segunda de Delitos contra el Patrimonio Económico, informó sobre dos sentencias condenatorias por los delitos de robo agravado y posesión ilícita de arma de fuego.
De acuerdo con la entidad, por medio de la fiscal Jenibeth Barraza se dio la primera condena mediante un acuerdo de pena presentado ante el juez de garantías. Se trata de una sentencia de 10 años de prisión contra un hombre que participó en el robo a una joyería ubicada en Avenida La Paz, corregimiento de Betania.
Los hechos se suscitaron el 10 de agosto de 2023, cerca de las 12:30 p.m., cuando el sentenciado, haciéndose pasar por cliente, ingresó al establecimiento junto a varios cómplices que vestían uniformes de construcción y enfermería.
Se pudo conocer que los asaltantes, mediante violencia e intimidación con arma de fuego, sometieron a las víctimas y sustrajeron pertenencias personales, además de joyas de oro y diamantes valoradas en 80,000 dólares.
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Segunda condena por porte ilegal de armas
En un caso separado, el fiscal Emilio Santander informó sobre una condena de 2 años y 3 meses de prisión contra otro hombre por posesión ilícita de arma de fuego. El incidente se registró el 28 de enero de 2024 en el corregimiento de Pedregal.
Según el reporte, los hechos ocurrieron cerca de las 10:25 a.m. en calle Santa Isabel, próximo a la barriada El Nazareno, cuando el ahora sentenciado intentaba abordar un taxi.
Detallaron que, al ser interceptado por los agentes policiales, el hombre arrojó al pavimento un arma de fuego calibre 9 mm, con serie no visible, mecanismo semiautomático y un proveedor que contenía seis municiones sin detonar.
El análisis de balística forense confirmó que el arma es apta para disparar y compatible con los proveedores y municiones encontradas. La Dirección de Asuntos de Seguridad Pública (Diasp) certificó que el sentenciado no contaba con autorización legal para su porte o tenencia.
