Condenan a exfuncionario del Ifarhu por cobro indebido de becas
Las investigaciones que iniciaron el año pasado se han extendido a varias partes del país, logrando aprehensiones en Chiriquí, Panamá Oeste y Panamá.

Cinco personas fueron condenadas por el delito de estafa en perjuicio del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) por las investigaciones que se realizaban en relación al cobro indebido del Pase-U.
La Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad Intelectual y Seguridad Informática logró, en audiencia intermedia, que se condenaran a 5 personas, 4 de ellas comerciantes de origen asiático y un exfuncionario.
Las investigaciones que iniciaron el año pasado se han extendido a varias partes del país, logrando aprehensiones en Chiriquí, Panamá Oeste y Panamá.
Las pesquisas comenzaron tras una denuncia presentada por el Ifarhu, al percatarse de movimientos irregulares en el cobro de la beca denominada Pase-U, que se hacía efectivo con la cédula de los estudiantes.
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La institución advirtió sobre la creación de perfil y cambio de pin a beneficiarios del programa, realizados a través del perfil de usuario de uno de sus funcionarios. Estas modificaciones permitieron realizar transacciones ilícitas, por ejemplo, en comercios ubicados en la provincia de Chiriquí.
Las condenas a 3 de ellos fueron de 48 meses de prisión y a las otras 2 de 60 meses, entre ellas un exfuncionario del Ifarhu. Además, se le impuso la compensación al Estado panameño de la suma de 129 mil dólares.
En las investigaciones se encontró un patrón de procedimiento que violenta el pin de seguridad al que está sujeta la transferencia digital para luego hacer uso mediante supuestas compras y actividades en comercios, generalmente distantes a la ubicación física del beneficiario.
De acuerdo con el Ministerio Público, "se le imputó por lo indicado en el artículo 226 del Código Penal, que indica, quien, para procurarse para sí o para un tercero un provecho ilícito, altere, modifique o manipule programas, bases de datos, redes o sistemas informáticos, en perjuicio de un tercero. La sanción será de cinco a ocho años de prisión cuando el hecho sea cometido por la persona autorizada para acceder a estos".