Aprueban en primer debate la consulta popular sobre contrato minero

Ciudad de Panamá, Panamá/Fue aprobado en primer debate el proyecto de ley sobre la consulta popular para la derogación de la Ley 406 del 20 de octubre de 2023 que aprueba el contrato de concesión minera celebrado entre el Estado y la sociedad Minera Panamá, S.A. por parte la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional, este martes 31 de octubre.

Con cinco votos a favor y cuatro en contra, la discusión del proyecto de ley 1109 referente a la consulta popular pasa a segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional.

Esto luego de que el presidente de la República, Laurentino Cortizo, anunció el pasado 29 de octubre sobre la presentación de un proyecto de ley de moratoria minera para la realización de una consulta popular para la derogación de la Ley 406 del contrato minero, mismo que fue presentado este lunes ante el pleno de la Asamblea por el ministro de Gobierno, Roger Tejada.

En un comienzo, el ministro Tejada realizó su intervención para sustentar este proyecto de ley en donde indicó que "El pueblo pidió un referéndum y hoy estamos hablando de eso. Esta propuesta no es ilegal. No es incorrecta. Y su voto en contra podría ser altamente cuestionado por los ciudadanos de la República de Panamá".

Cerca de las 11:02 a.m., los magistrados del Tribunal Electoral (TE) asistieron a esta discusión luego de ser citados por los diputados de la comisión para emitir sus opiniones con respecto a esta consulta popular.

Intervención de los magistrados del Tribunal Electoral

Una vez que culminó la sustentación del ministro Tejada, el magistrado presidente del TE, Alfredo Juncá, brindó unas palabras introductorias indicando que dos cosas eran muy importantes a recalcar y que era su opinión como presidente y del pleno del TE.

“No importa lo que yo piense en este momento, inclusive no importa lo que piensen ustedes señores diputados, importa lo que piensan esas personas que están allá afuera que durante mucho tiempo nos han mantenido con el país en vilo. Todos nosotros como servidores públicos de la nación nos debemos a la gente. Nosotros debemos escuchar la voz del pueblo”, expresó.

Añadió que la entidad se mantiene en su posición la cual fue emitida por medio de un comunicado el lunes 30 de octubre.

“Para que un acto de este tipo se de reúnan ciertas condiciones. En primer lugar, constitucional y legalmente no existe la figura de la consulta que se está proponiendo. La única manera para que el TE, sin transgredir, nuestro ordenamiento jurídico pueda entrar a hacer algo es que una ley así le dé la obligación de realizar este tipo de consulta. Lo que ustedes vayan a aprobar, al menos técnicamente debe ser viable porque es una de las dos condiciones que deben reunirse para que un evento de este tipo sea éxito”, destacó.

De acuerdo con Juncá, un evento de esta naturaleza requiere de una organización a nivel nacional, misma que dada las condiciones en las que se encuentra el país, no se puede llevar adelante y que, no importa cuántas leyes se aprueben, no van a poder llevarlo adelante en la práctica por las mismas. Por su parte, el magistrado Luis Guerra Morales reiteró la necesidad de una tranquilidad y paz social en el país y que llevar esta consulta a nivel nacional no es nada fácil.

“El TE requiere de los recursos económicos para poder trabajar esto, mismos que sean puestos a disposición de la entidad de forma efectiva”, indicó Guerra. 

"Como vamos a ingresar a la planificación de un evento, si no tenemos lo principal que ya está convocado que son las elecciones del otro año. No pasemos por alto lo obvio. Les solicitamos encarecidamente que el Órgano Ejecutivo cumpla primero con sus compromisos de las elecciones generales y a continuación incluya el dinero, cuyo monto se está calculando”, dijo.

Escoffery manifestó que el TE no fue consultado y que no es responsabilidad de la entidad involucrarse en ello. 

Una vez culminada la intervención de los magistrados, el abogado Roberto Ruíz Díaz hizo uso de la palabra expresando que nadie quiere un país con protestas, con descontento y mucho menos vandalismo, por lo que se quiere es un país en paz.

"Esto no es una ley ordinaria, no es una ley especial, esto es un contrato bilateral entre dos partes, el estado y la empresa. Un referéndum no nos va a eximir de pagos. Para qué gastar cuando al final la decisión será la misma: Le vamos a tener que pagar a la empresa. Nos dieron un contrato blindando, donde no tenemos opción a salir del mismo. Salvo que salga un corrupto patriota y nos diga la verdad de lo que pasó, es la única forma que el estado no tiene que pagar ningún centavo", fueron partes de las palabras expresadas por el abogado Ruíz en la comisión.

Seguidamente, el diputado independiente Edison Broce tomó la palabra diciendo que "Si nosotros vamos a plantear o hablar sobre una iniciativa de consulta popular que sea coordinada con los magistrados del Tribunal Electoral".

En la Comisión, se decretó un receso para esta sesión hasta las 1:15 p.m. Tras el receso, el presidente de la Comisión de Gobierno, Leandro Ávila, indicó que esperaban la decisión de la Comisión de Comercio, que discute la moratoria minera y donde se pretenden añadir un artículo derogación o suspensión de la ley del contrato minero, para tomar una decisión.

"Decíamos inicialmente un referéndum, pero los señores magistrados del TE trajeron una serie de recomendaciones que la Comisión de Gobierno está acatando en su totalidad no utilizar el término referéndum. Vamos a usar el término 'consulta' y queda expreso en la Ley la obligatoriedad de lo que se decida por el pueblo panameño el 17 de diciembre el Órgano ejecutivo debe respetar", expresó Leandro Ávila.

Intervenciones

Una vez reanudada la sesión, la comisión se declaró en sesión permanente hasta agotar el punto dos. Entre las personas que intervinieron durante esta sesión se encuentra la abogada Martita Cornejo, quien pidió a los diputados que se comporten como patriotas. En cambio, el abogado Pedro Sitton manifestó que una vez firmado el contrato se tiene que pagar a la empresa. La responsabilidad patrimonial de ese dinero no la llevará este Gobierno, ni otro, porque un tribunal arbitral lleva 8 o 10 años.

Por otra parte, el Lic. Víctor Becker explicó que derogar este contrato a través de una nueva ley tiene efectos jurídicos contractuales. El abogado Daniel Lombana dijo que se debe ser más consecuentes y dejar de agotar las instancias de participación ciudadana. Ricardo Lombana, candidato a la presidencia por el partido Movimiento Otro Camino (MOCA), expresó que se necesitamos el fallo de inconstitucionalidad sobre este contrato por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

"La derogatoria, que técnicamente jurídicamente no corresponde, porque se trata no de una ley de carácter general", indicó el diputado Roberto Ábrego quien acudió a esta sesión. 

Previo a la votación de la comisión, el diputado independiente Broce, junto a otros diputados, presentaron una propuesta para que se suspenda la discusión del proyecto de ley 1109. Con cuatro votos a favor y cinco en contra, fue rechazada la misma.

TVN Noticias pudo acceder al documento de este proyecto de ley presentado por el ministro Tejada el cual indica que "Para los efectos del referendum, la ciudadanía contestará la siguiente pregunta":

¿Debe el Estado terminar el contrato de concesión minera con la empresa Minera Panamá, S.A. y derogarse la Ley 406 del 20 de octubre de 2023? SÍ O NO — Posible pregunta para el referéndum del 17 de diciembre de 2023.

El proyecto de ley se titula: Que convoca a una consulta popular para adoptar una decisión sobre la terminación o no del contrato de concesión minera entre el Estado y la empresa Minera Panamá, S.A. para operar la Mina de Cobre Panamá, aprobado mediante la Ley 406 de 2023.

En su primer artículo se establece que "Se ordena al Tribunal Electoral que someta a referéndum nacional la decisión sobre la terminación o no del contrato".

Con información de María De Gracia