Frenan traslado al Miviot para indemnizar a empresa dueña de terreno invadido en La Chorrera

Panamá/Suspendido. Así quedó el traslado de partida por un monto de $1.2 millones, solicitado por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) para el pago de indemnización y expropiación de más de 76 hectáreas en el área de El Progreso, en La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.

¿La razón?

La inmobiliaria Río Pinzón, S.A., que, de acuerdo con el ministro del Miviot, Jaime Jované, es la empresa que reclama el pago, no aparece en el Registro Público como dueña del globo de terreno que se busca indemnizar para legalizar a unas 4,400 familias, las cuales representan a aproximadamente 21 personas que invadieron el terreno privado.

Jované explicó a la Comisión que dicho proceso de indemnización lleva 24 años en marcha, habiendo comenzado en el año 2000, y que con el traslado se iniciaría el proceso de legalización del mencionado globo de terreno. Detalló que, a través del Decreto Ejecutivo No. 153 del 14 de septiembre de 2001, se realizó la expropiación por "motivo de interés urgente". Además, mencionó el Decreto No. 88 del 1 de junio de 2000, mediante el cual se decretó la expropiación de dos globos de terreno.

También planteó que Río Pinzón, S.A., cuenta con un fideicomiso con la Caja de Ahorro y que actúa como fideicomitente de otras dos empresas: Cafetería Volcancito S.A. e Inversiones Casco Antiguo S.A.

Las quejas

Sin embargo, estos detalles no convencieron a los diputados de la bancada independiente Vamos, que no comprenden cómo se intenta indemnizar a una empresa que no aparece en el Registro Público como dueña de la propiedad, sino que, en su lugar, figura el Banco Hipotecario Nacional. Este fue el cuestionamiento planteado por el diputado independiente, Jorge González.

Al respecto, el ministro explicó que el Banco Hipotecario Nacional es dueño de una parte de la finca, ya que el resto [las más de 76 hectáreas] fue dado como garantía por Río Pinzón S.A. a la Caja de Ahorro. No obstante, durante ese proceso, las tierras fueron invadidas.

El ministro insistió en que el pago del Miviot a la empresa permitiría que las personas que viven en ese globo de terreno puedan legalizar sus servicios básicos, como la energía eléctrica y el agua, lo cual, hasta la fecha, no pueden hacer debido a que no cuentan con la titulación de su parcela.

Otro tema que llamó la atención de los diputados fue que, en su momento, el dueño de la finca solicitó a los gobiernos locales el desalojo de la propiedad, pero este no se cumplió. En ese sentido, el diputado Betsarai Richards manifestó que no es justo que, hoy en día, al Estado le cueste una suma considerable la no actuación de los gobiernos locales.

El diputado Osman Gómez, del partido Alianza, se preguntó: "¿Por qué los demás gobiernos no pagaron? ¿Por qué nosotros vamos a ir corriendo a pagar?"

Jované no dio detalles sobre quién es el dueño o propietario de dicha inmobiliaria, pero ante las quejas de los diputados, se comprometió a entregar toda la documentación sobre los datos de la indemnización.

Tras la suspensión del traslado, la Comisión le solicitó al ministro que, en una próxima sustentación, detallara en qué año y por qué precio la empresa adquirió el terreno, las solicitudes de desalojo y por qué no se ejecutaron, el avalúo del terreno sobre el cual se está solicitando el pago al Estado, así como la certificación por parte del Registro Público y la Antai para saber a quién pertenece el terreno.

En total, el Estado debería pagar unos $12 millones en indemnización por ese terreno.