CNP califica secuestro de activos de Corprensa como 'señal de un Estado fallido'

El Consejo Nacional de Periodismo (CNP), reaccionó al secuestro de los activos de Corporación La Prensa (Corprensa), catalogándolo de “señal de un Estado fallido”.

“Todos estamos en peligro cuando la justicia se presta para cercenar los principios y garantías fundamentales que está llamada a proteger. El secuestro ordenado sobre los activos de Corprensa por parte del Juzgado Décimoquinto Civil es señal de un Estado fallido, al impedir la operatividad de los periódicos La Prensa y Mi Diario y dificultar el pago de salarios a 240 colaboradores”, expresó el CNP en comunicado.

El secuestro de activos de Corprensa “es parte de un proceso judicial iniciado hace ocho años por el expresidente Ernesto Pérez Balladares”, señala el CNP.

El Consejo Nacional de Periodismo agregó que “además de ser un ataque directo a la libertad de expresión y al derecho a la información que tienen todos los ciudadanos, la acción de secuestro pone en riesgo el sustento de dos centenares de familias en medio de la hecatombe económica que ha traído la pandemia”.

Para el CNP “con esto perdemos todos: los ciudadanos, los medios, las empresas, la justicia, la imagen del país, e incluso ha perdido el expresidente, que intentando resarcir su reputación, ha terminado por enlodarla”.

Ante este escenario el Consejo Nacional de Periodismo expresó lo siguiente:

Primero: Deploramos la decisión de la jueza Decimoquinta de lo Civil, Lina Castro De León, al considerarla violatoria de la libertad de expresión y del derecho de acceso a la información que tienen todos los ciudadanos.

Segundo: Hacemos un llamado al Presidente Laurentino Cortizo para que se pronuncie sobre un hecho que claramente atenta contra la libertad de expresión que su gobierno se ha comprometido en varias ocasiones a defender.

Tercero: Procederemos con todas las acciones nacionales e internacionales posibles en defensa del derecho de acceso a la información de los ciudadanos y de la salvaguarda de la libertad de expresión.

Al finalizar, el CNP señala que le corresponde a la administración de justicia asegurar “que sus decisiones no pongan en riesgo el normal funcionamiento de los medios de comunicación violando la libertad de prensa consagrada en la Constitución”.