Gremios rechazan la Resolución N° 69 que equipara la experiencia laboral con los títulos académicos
El Colegio Nacional de Abogados (CNA) emitió este domingo 8 de septiembre, su preocupación por la Resolución N° 69 de 6 de agosto de 2019, que equipara la educación formal necesaria con la experiencia laboral previa dentro del Manual General de Clases Ocupacionales en el Sector Público, al tiempo que solicitó al presidente Laurentino Cortizo, una aclaración pertinente.
Este manual es el referente técnico que contiene la descripción de cada clase ocupacional de dicho sector (0101 al 0601).
La Resolución 69 reñiría con las promesas del actual presidente de la República, Laurentino Cortizo, de que la educación será la estrella que guiaría al Gobierno.
De acuerdo con el CNA, la Ley 9 de 1984 regula el ejercicio de la abogacía en Panamá y establece con claridad y precisión cuáles son los requisitos para el ejercicio de la misma.
Varias organizaciones y ciudadanos han reaccionado por esta resolución.
El gremio solicita a Cortizo suscribir su promesa: “La educación es la Estrella que alumbrará al país” y que el CNA respalda las iniciativas que en materia educativa sirvan para elevar la calidad de los servicios en el sector público, administración de justicia y sociedad en general.
Los abogados han hecho un llamado a la sociedad en general y a los profesionales a constatar que los cargos públicos sean ejercidos por profesionales idóneos, de acuerdo con lo que establece la Ley.
En tanto presentarán ante el Ministerio Público las denuncias respectivas que sean debidamente documentadas y puestas en conocimiento del CNA, donde se constate el nombramiento de personas no idóneas para el ejercicio de los cargos públicos.
Reacciona la Auppa
Por su parte, la Asociación de Universidades Particulares de Panamá (Auppa) también rechazó de forma enérgica la resolución.
“Esta iniciativa surge en momentos en que se busca fortalecer los vínculos entre las universidades y las exigencias del mercado, implementando la formación dual para formar una fuerza laboral que mejore el nivel de competitividad en materia educativa”, destaca un comunicado de la Auppa.
La asociación cataloga la medida como “retroceso en materia educativa, ya que promueve la deserción estudiantil en educación superior, una acción que frenaría la competitividad, la cual tiene por finalidad mejorar las condiciones de vida de la población”.
El Gobierno se defiende
Mientras, la Dirección General de la Carrera Administrativa del Ministerio de la Presidencia señaló en un comunicado que, se mantienen los requisitos para los nombramientos en cargos definidos que establecen las leyes especiales así como los requisitos de idoneidad para ocupar puestos dentro del Estado.
Agrega la nota que, en la Resolución No. 69, para los casos de cargos de nivel profesional se reconoce la experiencia previa como un valor agregado importante. "Además la misma resolución permite que aunado a la experiencia, personas con títulos académicos de postgrados, maestrías y doctorados puedan ocupar cargos dentro de la administración pública".
Sostienen que, corresponde a los departamentos de Recursos Humanos de cada institución adecuar sus respectivos manuales con los cambios señalados y acreditar en las solicitudes de nombramiento el nivel académico y la hoja de vida que valide la experiencia de cada aspirante a ocupar un cargo público.