Clientelismo, narcopolítica e independientes, habla el nuevo magistrado del TE
Política en Panamá
Guerra defendió su nombramiento, asegurando que en el periodo de impugnación nadie salió a cuestionar su figura. ¿Por qué sí después de ser nombrado?
El Tribunal Electoral (TE) se prepara para llevar adelante el proceso electoral con la escogencia de los candidatos a puestos de elección popular de los partidos políticos, elecciones que se realizarán entre los meses de junio y julio del 2023.
El recién nombrado magistrado del TE, Luis Guerra, dijo que, como nuevo integrante le toca subirse al tren, porque ya existe una mística de trabajo, y su deber es sumarse a cada dirección para aprender del trabajo que se está realizando.
Considera que haber pertenecido al Partido Revolucionario Democrático durante tantos años le da un ‘plus’, ya que, es un conocedor del desarrollo electoral y los partidos políticos. Recalcó que posterior al periodo de postulaciones se abrió el tiempo para las impugnaciones contra los aspirantes y no hubo ninguna objeción.
“¿Por qué después que la persona es electa es que salen los cuestionamientos si tuviste la oportunidad de cuestionar a los que estaban aspirando?”, cuestionó Guerra.
Sobre las decisiones que se toman a lo interno de los partidos políticos, el magistrado respondió que el Tribunal Electoral no invade la autonomía de los partidos políticos que tiene sus estatutos por los que se rigen, y en caso de que alguien no esté de acuerdo con esto, entonces deberá recurrir a los jueces administrativos o ante el pleno.
Sobre el clientelismo político, Guerra indicó que la sociedad juega un papel fundamentar, recomendando a las personas no aceptar bolsas de comida u hojas de zinc a cambio del voto, poniendo como ejemplo la familia de Chitré, que devolvió la bolsa de comida a un diputado, aunque reconoce que las necesidades que viven las familias los lleva a aceptar estas situaciones.
Resaltó que, son los ciudadanos los responsables de saber escoger, recalcando que el Tribunal Electoral no le cuenta votos a nadie, ya que, desde la mesa de votación, la Junta de Escrutinio y la Junta Nacional de Escrutinio están compuestas por la sociedad civil.
A Guerra se le preguntó si la entrega de jamones gratis por parte de las juntas comunales ¿es clientelismo? Respondió que, “esa pregunta, creo deberían invitar a la Fiscalía Electoral al estudio y que le responsa si es o no es, y qué está haciendo para evitar el clientelismo”.
En cuanto a los dineros que se entregan a los partidos políticos, aseguró que son supervisados por el Tribunal para que sean usados para lo que fueron designados.
Actualmente, existe un proyecto de reforma a la Ley Electoral que se discute en la Asamblea Nacional, Guerra indicó que el Tribunal ya manifestó su posición en oposición a la introducción de cualquier modificación al Código Electoral en este momento, asegurando que el problema de la quema de la papeleta es interno de un partido político.
“Como Magistrados, los tres nos oponemos a introducir nuevas reformas en este momento, no es saludable para el proceso que ya arrancó y más que el 2023 es un año totalmente electoral con las reglas ya establecidas”, puntualizó.
Sobre la narcopolítica, indicó que los ciudadanos saben quién es quién dentro de las comunidades, e incluso hay personas con cargos políticos que han dicho que saben quiénes están involucrados con el narcotráfico, pero no lo denuncian, entonces, es el ciudadano quien debe decidir a quién elegir.
Candidaturas independientes
Guerra salió a la defensa de la ‘app’ de recolección de firmas y las medidas tomadas por el Tribunal Electoral, asegurando que nunca se suspendieron a los activistas, sino el mismo ‘app’, y luego de haber revisado cerca de 9,000 videos, han determinado que hay casi 8,000 firmas malas.
Dicho esto, manifestó que no es problema del Tribunal Electoral, sino de los activistas que no hicieron las cosas bien.
Recalcó que la medida que se tomó fue para todos los precandidatos a libre postulación a nivel nacional, no solo para el grupo ‘Vamos’, rechazando los señalamientos de que se está beneficiando a un sector de los precandidatos.
Advirtió que, hecha la revisión de las firmas, sí se van a suspender los activistas y la Fiscalía Electoral iniciará una investigación.