Propuesta Indecente
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Las posibles negociaciones entre el Gobierno Nacional y la empresa española FCC, acusada en ese país europeo, de pagar sobornos para el desarrollo del proyecto de la Ciudad de la Salud y las Lineas 1 y 2, generan más reacciones.
Este martes 1 de septiembre, la exprocuradora General de la Nación, Ana Matilde Gómez, afirmó que las responsabilidades que hay y el cumplimiento de un contrato no afectan las posibilidades de la investigación de un delito dentro de ese contrato establecido.
Agrega que la Ley de Contrataciones Públicas es muy clara y se pueden dar responsabilidades civiles, penales e incluso, en el camino del contrato, cuando se fiscaliza la obra, se pueden aplicar las multas y sanciones propias de quien es el dueño de la obra, que en este caso es el Estado el que está contratando.
Lo que escandaliza es que la obra fue refrendada en el 2012 y ya tiene cinco años de atraso de la fecha en la que debió ser entregada y además se dieron atrasos en el cronograma de ejecución de la propia obra.
“Lo que uno se pregunta es por que todavía estamos sentados negociando cuando debimos haber resuelto administrativamente ese contrato y haber ejecutado la fianza de cumplimiento”, dijo la exfuncionaria.
También que se necesitan a funcionarios que representen al Estado y se sienten con la contraparte con la debida dignidad de un servidor público, no para ver cómo se aprovecha en el camino.
Recordó que, en el camino, a la empresa se le ha permitido, a través de las aprobaciones que se hayan hecho, se les ha permitido hacer la adenda para extenderle el término o darle mejores condiciones, cuando lo que tenían que hacer era ver que había gran cantidad de faltas en el cronograma de ejecución y a los compromisos del objeto del contrato que lo que se debió´haber hecho fue, resolverlos administrativamente.
Recalca que la obra nació viciada desde su cuna condenado al fracaso porque ya está probado en las delaciones que ha habido en las distintas cooperaciones internacionales y en las investigaciones fuera de Panamá, que la empresa junto a otro consorcio, se orquestaron para conseguir acto púbico de manera amañada.
Sostuvo que se tiene que investigar a las personas que estaba en su momento y fue permitiendo que se dieran adendas.
Hizo un llamado a las autoridades a que entiendan que es importante que el caso se abra y se investigue porque hay suficiente evidencia de que ha habido actos que hay que probar si hubo dolo o no y quiénes participaron.
Afirmó que se tiene que desarrollar una investigación de cara a la sociedad en la que se aclaren todas las dudas y donde se le de la oportunidad a los periodistas de preguntar todo.