Los cierres de calles se han desvirtuado y tienen otros objetivos, advierte la Cámara de Comercio
Protestas en Panamá
Sectores como el transporte, el turismo, agricultura, industria, cadena de suministro y servicios han generado millonarias pérdidas que aun hoy son incalculables, pero que podrían tener consecuencias irreversibles si no se llega a un punto de consenso para restablecer el libre tránsito y permitir que la ya maltrecha actividad de económica del país se recupere.
Para Adolfo Fábrega, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), la situación de "secuestro" que viven muchos panameños es extremadamente preocupante, puesto que el derecho al libre tránsito, a la salud y a trabajar en condiciones dignas se han estado violando de forma reiterativa.
Fábrega reconoce que las manifestaciones pacíficas impulsadas por los jóvenes tendrán un impacto trascendental en la historia política del país al lograr que el Gobierno sancionara una ley de moratoria minera que prohíbe el otorgamiento de concesiones para la exploración, extracción, transporte y beneficio de la explotación de la minería metálica en todo el territorio nacional. Pero todo ese esfuerzo iniciado con un reclamo legítimo de la ciudadanía se ha visto desvirtuado por cierres que ya tienen otros objetivos porque se están dando violaciones a los derechos humanos.
Indicó que ya se han dado cierres de empresas que tenían años de existir y que no han podido resistir los cierres y esto irremediablemente tendrá un impacto directo en todos los panameños que en estos momentos ya se ve reflejado en el alto costo de los pocos vegetales y legumbres que quedan en los mercados.
"El costo de vida de todos nosotros como panameños tendrá un incremento que nos va a tomar años estabilizarlo, si es que logramos en algún momento retornar a los niveles a los que íbamos encaminados".
De acuerdo con el análisis de Fábrega, lo que empezó como una crítica de la ciudanía en contra de algunos órganos del Estados "se ha transformado en una pelea donde nos estamos haciendo daño entre nosotros mismos". y agregó que ningún objetivo puede estar por encima del secuestro y la violación a los derechos humanos que se les ha infligido a miles de panameños.
"Ya tenemos reportes de personas que trataron de llegar con emergencias a hospitales y no lo lograron, pacientes que necesitaban insumos médicos y no los consiguieron, de distribuidoras que ya no tienen combustible para seguir entregando alimentos básicos y de primera necesidad. Entonces, a dónde vamos a llegar con todo esto, expresó.
Por último, el letrado pidió respetar el estado de derecho y darle tiempo al debido proceso para que la Corte Suprema de Justicia emita un fallo sobre la inconstitucionalidad o no de la Ley 406 que establece el contrato entre el Estado y Minera Panamá y que desató la crisis social en la que se encuentra el país. Mientras ello ocurre, se hace imperativo y de manera urgente que se restablezca el libre tránsito.
