Cierres de calle asfixian el sector agropecuario, productores reportan millones en pérdidas

Protestas en Panamá

Productos se pierden en Tierras Altas

Tierras Altas, Chiriquí/Las pérdidas económicas en el sector agropecuario están cerca de los 10 millones de dólares según los productores de Tierras Altas en Chiriquí, que día a día ven como sus cosechas se pierden por no poder trasladarla a provincias centrales y Panamá por los cierres de calle a nivel nacional.

El cierre indefinido en puntos del oriente chiricano y Santiago en Veraguas, están asfixiando al sector agropecuario que hace más de quince días vienen reportando pérdidas, tanto por los camiones que quedaron varados en la calle, como por la acumulación de productos cosechados en la provincia.

A esto se le suma que, en la búsqueda de alternativas para enviar los alimentos, vía aérea y marítima, estos también se están perdiendo porque no llegan en las mejores condiciones, y hay pocas ventas debido al alto costo que presentan.

La tarde de este miércoles, circularon videos en redes sociales donde se veía a los productores deshacerse de gran cantidad de rubros como lechuga, apio, repollo, tomate y zanahoria.

Ellos han dicho que, hay productos que sí se pueden almacenar, pero habrá otros que son perecederos, además, advierten que, cuando se logren reabrir las vías habrá una sobre oferta en el mercado, por lo que deberán bajar los precios, lo que también generará pérdidas.

Por el momento, se encuentran tratando de dialogar con las personas que mantienen los cierres indefinidos para tratar de acordar un corredor humanitario donde se permita el paso de los alimentos.

Pese a que el pasado 3 de noviembre, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, sancionó la Ley 407 que establece una moratoria minera indefinida para dejar el tema de la derogatoria de la Ley 406 a espera del fallo de la Corte Suprema de Justicia, tal y como lo recomendaron los juristas, los gremialistas y sindicalistas exigen la derogación por medio de ley.

En tanto, la CSJ ha dicho que el proceso de las demandas de inconstitucionalidad contra el contrato minero es la prioridad número uno, pero se deben cumplir los términos de tiempo establecidos por la Ley.

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