Presidente de la CIDH pide que Panamá continúe proceso para reconocer matrimonio igualitario

“Hago votos porque Panamá culmine el camino que ya ha iniciado y culmine este proceso mediante el reconocimiento del matrimonio igualitario. Este es el reto que tienen el Estado panameño en sus manos y esperamos en esta Comisión que pueda concluirse”, declaró este viernes 2 de octubre Joel Hernández García, presidente de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).

Los derechos de las personas LGBTI y el matrimonio igualitario fueron el tema discutido este viernes 2 de octubre en una audiencia de la Comisión en la que participaron miembros de la sociedad civil panameña, parejas del mismo sexo que buscan que se reconozco su matrimonio, activistas de derechos LGBTI, y una delegación del Gobierno Nacional de Panamá.

"Desde niña, soñaba con el día de mi boda", contó Yamileth Garcés, panameña que mantiene un proceso legal para que se reconozca el matrimonio con su pareja, Jessica. Tuvo que ir a Canadá para poder casarse, y ahora lucha porque se le reconozca el matrimonio con la mujer que ama en su país.

"Nos segregan, minimizan nuestro valor ante la sociedad, nos condenan a vivir en la oscuridad", lamentó Yamileth. "La familia que he formado merece ser reconocida, celebrada y visibilizada", concluyó.

En Panamá, el matrimonio entre personas del mismo sexo no se reconoce oficialmente. Esto genera problemas en temas como el derecho sucesorio (herencia), la posibilidad de tomar decisiones médicas de la pareja, exoneraciones de impuestos y otras consecuencias como dificultades para obtener préstamos y establecer un patrimonio común.

Existen cuatro procesos legales, interpuestos por parejas casadas en el extranjero, que permanecen en el limbo de la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Electoral.

"No es un tema debatible. Es una realidad que el Estado niega y no se atreve a reconocer", apuntó el abogado Iván Chanis, representante de la Fundación Iguales.

El Gobierno de Panamá participó a través de una delegación del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Tribunal Electoral.

La postura de las instituciones panameñas sobre el matrimonio igualitario fue que le corresponde a la Corte Suprema de Justicia decidir en temas de constitucionalidad.

Los miembros de la delegación aseguraron que Panamá está comprometida con el respeto de los Derechos Humanos de todos sus ciudadanos.

"El Estado panameño reafirma la Declaración Universal de los Derechos Humanos", apuntó la vocera oficial. "Reconocemos que las personas LGBTI históricamente han sido sometidos a discriminación, persecución y otros abusos", declaró.

Linx Arango, representante de Hombres Trans Panamá, recordó el caso de la pareja de mujeres lesbianas que fueron detenidas por la Policía Nacional al darse un beso.

La pareja fue esposada y detenida cinco horas por "actos libidinosos" contra la moral pública.

La comisionado Margarette May Macaula indagó específicamente sobre el tema, al que consideró un acto obvio de discriminación.

La respuesta de la delegación panameña fue que se inició una investigación administrativa sobre el caso y que se harán capacitaciones a miembros de la Fuerza Pública.

Actualmente, la homosexualidad es considerada un delito grave de acuerdo al reglamento interno de la Policía Nacional y el Benemérito Cuerpo de Bomberos. Se les prohíbe también a personas homosexuales donar sangre. Hasta 2008, la sodomía era un delito en Ciudad de Panamá.

Durante la pandemia, como destacó Arango de Hombres Trans Panamá, las personas transgénero fueron especialmente afectadas por la cuarentena de sexo y la discriminación por parte de policías, funcionarios y sociedad en general. Denunció que en Panamá no existen leyes contra crímenes de odio, ni que protejan a la comunidad LGBTI de discriminación.

Joel Hernández, presidente de la CIDH, aplaudió la receptividad de ambas partes para dialogar y los avances en una dirección que fortalezca el reconocimiento de los derechos humanos.

La comisionada May Macaula, recordó a la comisión panameña los compromisos que ha adquirido internacionalmente para reconocer los derechos humanos, especialmente en convertir las palabras en legislación y acciones efectivas.