CIAM se pronuncia en rechazo a la reactivación de la mina de oro de Remance
Minería
El Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) denunció que la convocatoria a un foro público para exponer los detalles del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) elaborado por la empresa Greenfield Mining Inc., que busca
reactivar la mina de oro de Remance, no respetó los derechos de la ciudadanía.
El Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) denunció que la convocatoria a un foro público para exponer los detalles del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) elaborado por la empresa Greenfield Mining Inc., que busca
reactivar la mina de oro de Remance, no respetó los derechos de la ciudadanía.
Según la CIAM, la publicación del aviso de la convocatoria se realizó apenas cuatro días antes del foro, tiempo en el que las comunidades debían analizar un resumen de más de 100 páginas. Además el
promotor no garantizó el transporte suficiente para llegar al sitio, aun cuando la publicación decía que se proporcionaría.
A pesar de ello, cientos de representantes comunitarios asistieron por otros medios para manifestar su rechazo al estudio.
Durante el evento no se cumplió además con el objetivo de brindar datos claros y sucintos sobre los impactos del proyecto minero en la región, y tampoco se explicaron las medidas propuestas por el estudio para mitigar esos impactos, objetivo fundamental de un foro público.
El CIAM, como organización comprometida con la defensa del derecho a un ambiente sano y como parte del “Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería”, reitera su postura sobre la inconveniencia de desarrollar proyectos mineros en el país, dados los graves impactos ambientales y sociales que tiene este tipo de
industria.
También insistimos en la necesidad de realizar un diálogo franco y democrático que le permita a los ciudadanos del país decidir si realmente queremos ser un país minero, o bien apostar por actividades que procuren la sostenibilidad de la vida.
Por otra parte, el mismo día de la realización del foro, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, el uso de parte de las regalías anuales recibidas de Cobre Panamá para inyectarle recursos al programa de , Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social (CSS), y para el aumento del monto de las pensiones a la población jubilada.
Ante esto, queremos recordarle al presidente Cortizo que el contrato con Cobre Panamá fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en 2017, y que en el Pacto Bicentenario, proceso de
diálogo convocado por su gobierno, uno de los acuerdos establecidos fue el de la moratoria indefinida de la minería metálica.