Castración química para violadores sexuales en Panamá: ¿Qué dicen los expertos de esta propuesta?

Los recientes casos de violación sexual que han ocurrido en el país, han traído al tapete la necesidad de establecer medidas más severas contra quienes cometen este tipo de delitos; una de estas es la castración química obligatoria para violadores y abusadores de menores, y la creación de un registro de depredadores sexuales.

Sin embargo, la propuesta presentada por la diputada Fátima Agrazal y que ha tenido el beneplácito de la mayoría de sus colegas en especial mujeres, preocupa a expertos como la abogada en derecho de familia, Gilma De León quien cuestiona sobre el cómo obligar a una persona de por vida a realizarse este procedimiento químico, toda vez que, para que este sea efectivo, se debe suministrar pastillas e intravenosas por tres meses seguidos.

De León explicó que bajarle el libido a estas personas, tiene otros componentes psicológicos y patológicos en el área sexual, y recordó que se trata de una conducta compulsiva, impulsiva e incontrolada que no tienen solo que ver con la erección.

Resaltó lo indicado en el artículo 174 del Código Penal, que habla sobre los delitos sobre la libertad e integridad sexual, se remite a que la violación no solamente requiere de la penetración del miembro viril y que se impondrá la pena de 5 a 10 años, para quienes sin el conocimiento de la persona afectada le practique actos sexuales orales, o le introduzca con fines sexuales, cualquier otro objeto o partes de su cuerpo no genitales en el ano o vagina.

Tomando en consideración lo antes dicho, a juicio de la abogada, se tiene la visión quizás errónea de que bajando la libido se lograría que la persona controle sus impulsos sexuales, que son un componente científico que tiene otras circunstancias que deben tratarse con especialistas.

Según De León, en Europa hay al menos 23 estudios que no concluyen en que esta terapia química sea realmente efectiva. Dijo que lo que realmente hay que evitar son los delitos contra el pudor y la libertad sexual en contra de niños, niñas, adolescentes y mujeres, y en la medida en que se pueda educar a las posibles víctimas potenciales se estaría evitando la comisión de estos delitos de todo género.

Para la abogada, es importante retomar el tema de las guías sexuales, para que sirvan de indicadores a padres de familias, educadores, a quien esté encargado de algún menor y hasta los mismos menores, sobre cuáles son los tipos de situaciones que no deben ser toleradas y qué tipo de conductas deben ser identificadas.

"El país tiene que matricularse y defender los derechos humanos de los niños, a tener una vida libre de violencia y a que esa inocencia que se va a quitar, si se educa con las guías, esa circunstancia creo que es lo que puede prevenir…Este tipo de delitos deja traumas irreversibles para el resto de la vida”, manifestó.

Agregó que se está exponiendo a la niñez a este tipo de personas que no tienen perfil "cualquiera puede ser capaz de ejercer este tipo de delitos porque no hay perfil para el ofensor sexual".

Expertos en medicina legal opinan

Por su parte, el director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, José Vicente Pachar, se refirió al aspecto médico legal y la manera en que los peritos de esta institución podrían contribuir al estudio del daño físico y psicológico y a las tomas de medidas preventivas, en los casos en los que correctamente han sido denominados como depredadores sexuales.

El médico concuerda en que se avanzaría mucho con tener y hacer posible, una lista de estos depredadores que tendría un sustento científico.

"Esto es lo que sería una base y banco de ADN, lo que quiere decir que cuando se comete un delito de acuerdo a un principio básico de la ciencia forense, hay un intercambio entre la víctima y el victimario, en la víctima quedaran una cantidad de elementos que pueden ser recopilados por los expertos forenses, y que podrían ser analizados y enviados a los laboratorios y en algunos casos se pueden obtener perfiles", dijo Pachar.

Explica que este perfil genético va a un almacén que es una base y banco de datos en la que permanece y en su momento son una prueba contundente que utilizan las autoridades para señalar que efectivamente existe un vínculo entre el agresor y la víctima.

Esta herramienta, según el médico está en Panamá desde 1998, cuando se publica la Ley 80, además existe la tecnología y el personal capacitado, por lo que lo único que se necesitaría es que, si el proyecto avanza y se considera la parte científica, se dote al Imelcf de lo necesario para poder desarrollar esta herramienta tecnológica que es fundamental para todas las investigaciones.

En cuanto a si estas conductas tienen cura o no, y el daño que se le provoca a la víctima, la doctora Vera Varela, subdirectora de Medicina Forense, sostuvo que, durante el año pasado fueron evaluadas 2,587 casos de personas menores de edad, por supuestos delitos contra la libertad e integridad sexual, este año ya van 2,085 casos en general y los menores de edad, 1,833, es decir, que el 88% de la población evaluada corresponde a la infantil, de esta cantidad el 73% son personas de 10 a 17 años, lo que depende del tipo de delito.

Arturo Suman, de la Unidad de Psicología Forense, indicó que el principal agresor en su mayoría es una persona cercana al menor de edad, cuando les toca realizar las evaluaciones más allá de determinar quién o quiénes participaron del hecho, es el valorar la secuela de daños en los niños de tal manera que se pueda contribuir en el proceso de investigación aportando evidencia científica que eventualmente podrá servir para la toma de decisiones judiciales.

Los expertos concluyen que es un tema muy polémico, en el cual se necesita mucha información, además que la medida de castración química es una medida temporal, reversible que está sujeta a cuestionamientos y lo que se estila en el mundo es el análisis del riesgo de violencia sexual.