Caso planillas de la Asamblea: exdiputado Mario Miller es condenado a 13 años de prisión
La juzgadora determinó que se confeccionaron contratos por servicios profesionales totalmente alejados de los requisitos establecidos por el Departamento de Recursos Humanos de la Asamblea.
Ciudad de Panamá/El exdiputado de Bocas del Toro, Mario Miller, fue condenado a 13 años de prisión como autor de los delitos de peculado agravado y contra la fe pública relacionados a las irregularidades de la planilla en la Asamblea Nacional.
El fallo fue emitido por el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales con fecha del 17 de octubre de 2024, donde la juzgadora Agueda Rentería sustenta su decisión indicando que las constancias en el expediente han dejado establecido que se confeccionaron contratos por servicios profesionales totalmente alejados de los requisitos establecidos por el Departamento de Recursos Humanos de la Asamblea, de los cuales se emitieron cheques por altas sumas de dinero que incluso fueron depositados a la cuenta de una empresa que no tenía una relación comercial con la institución.
Otro aspecto que sustenta la sanción impuesta por el juzgado de la causa es que se corroboró mediante informes periciales y testimoniales que incluso se incurrió en falsedad documental al emitir cheques a nombre de personas que no sabían leer, ni escribir, e incluso a beneficiarios fallecidos.
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El juzgado de la causa también estableció condena para otras siete personas. Se trata de Erendina González, que como cómplice primaria recibió una sanción de 13 años de prisión como cómplice primario de los delitos de peculado agravado y contra la fe pública. Edith Navarro fue condenada a 8 años de prisión por cómplice primario del delito de peculado.
Mientras que para Marisela Araúz, Isabel María Araúz, María Del Carmen Araúz Acosta e Ismael Frías Vega, la pena de 7 años de prisión como autores del delito de peculado por malversación en perjuicio de la Asamblea Nacional.
En la resolución se indica que las personas condenadas tendrán que cumplir una pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de sus funciones públicas por igual término que la pena de prisión, que corre una vez cumplida la pena principal.
Como punto de cierre, la jueza Rentería ordena que se cancelen las medidas cautelares aplicadas a los condenados y, se ordena el inmediato cumplimiento de la pena.
La juzgadora decidió absolver a Migdalia Sánchez por los cargos formulados en su contra como contra la fe pública, peculado y falsificación de documentos en general; además de que se dejen sin efectos las medidas cautelares impuestas a Sánchez.
Las investigaciones tuvieron su origen en 2014, por medio de una denuncia interpuesta ante la Fiscalía Anticorrupción.