Audiencia por caso Odebrecht continuará este martes, jueza responderá recurso de habeas corpus

Ciudad de Panamá, Panamá/La audiencia preliminar fue cerrada a esos de las 5:35 pm de este lunes para ser continuada el martes 13 de septiembre a las 9:00 am, en esta ocasión no se establecerá conexión con los hermanos Martinelli Linares por lo que la audiencia debe iniciar a la hora establecida, siempre y cuando esté toda la defensa de los implicados. 

Sobre el habeas corpus presentado por el abogado Alfredo Vallarino ante el Tribunal de Liquidación de Causas Penales, la jueza Baloisa Marquínez señaló que fue notificada la tarde de este lunes y que el día de mañana tendrá una respuesta.

"En esa resolución lo que el magistrado ponente me indica es que ponga a disposición de ese tribunal las personas que se encuentran privadas de la libertad. En esta causa no existe ninguna persona privada de la libertad y el magistrado además, ha solicitado copia del expediente, por tanto mañana a las 9:00 am continuaremos con el acto de audiencia", destacó Marquínez.

Lectura de vista fiscal

Pasada las 2:30 pm, se reinició la audiencia preliminar por el caso Odebrecht en Panamá. La jueza Baloisa Marquínez escuchó a la abogada Alma Cortés y de inmediato dijo que se suspendía la presentación de cualquier tipo de nulidad y pasó a la lectura de la vista fiscal de más de 900 páginas. No se dijo nada al momento del arranque en relación al habeas corpus que comentó la defensa antes del receso.

La audiencia continuó con la lectura de la extensa vista fiscal que explica al detalle cómo funcionaba el esquema de corrupción del caso más emblemático de los últimos tiempos que involucró no solo a funcionarios, sino a empresarios, abogados, y bancos, valiéndose de sistemas financieros como los de Andorra y el uso de cuentas Off Shore para realizar los pagos de coimas.

Grueso documento da detalles de investigación

El documento especifica cómo inició la investigación con una denuncia interpuesta por Alvin Weeden, y su desarrollo desde el 2015 hasta el momento, haciendo mención a varios artículos noticiosos de diarios locales.

Los actos de corrupción se fraguaron a través de un gran esquema de sociedades anónimas asociadas a un sistema de lavado de dinero usadas para transferir millones de dólares a varios países, entre ellos Panamá, donde se utilizaron varios bancos con actividad en el país para ejecutar el delito.  

Estos bancos habrían reportado movimientos sospechosos por parte de Odebrecht a la Súper Intendencia de Bancos y a la Unidad de Análisis Financieros en el 2011. 

El funcionario narró como algunos de los implicados llegaron a acuerdos de pena con la Fiscalía en Brasil que fueron remitidos a Panamá, donde se revelan detalles sobre cómo funcionaba el sobre costo de las obras, el pago de coima, la contabilidad de la organización, el pago de gastos de campañas políticas en América Latina, donde mencionan a Panamá.

Fernando Migliaccio señaló que entre el 25 de enero del 2011 y 27 de enero del 2014, se hicieron depósitos no declarados utilizando cuentas de sociedades en la banca privada de Andorra, las cuales fueron usadas para firmar contratos ficticios que permitieron las transferencias bancarias.

Existía un departamento de operaciones estructurada que decidía cuánto y quién recibía los pagos, destacando que los pagos nunca se hacían de forma directa, pues siempre había un intermediario. También tenían contraseñas que era repasada por quien pedía que hiciera la liberación, esta pasaba la contraseña al receptor final, el intermediario cuando hacía las entregas pedía la contraseña y en caso de que la persona errara, el intermediario se marchaba sin entregar el dinero.

La vista fiscal indica que en Panamá se hacían muchas solicitudes a petición de André Rabello, en su departamento no se trataba con beneficiarios, recibía un apodo, un monto, y una dirección, recalcando que para realizar pagos en Panamá utilizó a Olivio Rodríguez y Vinicius Claret que tenían varias sociedades anónimas, pero en su mayoría con Rodríguez.

Isaías Ubiraci, persona de confianza de Marcelo Odebrecht, confirmó que tenía conocimiento del pago de sobornos en Panamá, pero no recuerda a quién, sin embargo, sí recordó el uso de un intermediario para enviar el dinero a diferentes cuentas.

En Suiza se abrieron varias cuentas con el objetivo de recibir fondos para ser utilizadas por los beneficiarios finales, que eran usadas para beneficiar a cualquier persona, ya que podrían tener pago para un panameño y no tener dinero en Panamá. De igualmente se abrieron cuentas en Austria, Antigua, Islas Vírgenes Británicas entre otras.

Fueron cerca de 700 millones de dólares anuales, entre 2006 y 2013, se usaron más de 300 mil 300 millones de dólares en coima.  

El documento también destaca que en Panamá se realizaron pagos corruptos a funcionarios gubernamentales e intermediarios que trabajaban para ellos, entre otras cosas contratos de obras públicas y establece, por ejemplo, los pagos realizados a través de departamento operaciones estructurales en beneficio de dos parientes cercanos a un funcionario gubernamental panameño de alto rango con la finalidad de asegurar su participación y pago de la empresa en contratos con el Estado.

En los acuerdos de delación mencionan aspectos vinculados al Estado panameño señalando que entre 2010-2014 Odebrecht hizo pagos corruptos por más de 59 millones de dólares a funcionarios gubernamentales e intermediarios que trabajaban para ellos en Panamá a fin contrato de obra pública, entre 2009-2012 Odebrecht acordó pagar 6 millones de dólares a dos parientes cercanos de un funcionario gubernamental de alto rango a cambio de asegurar la participación de y pago de contrato a fin de efectuar los pagos.

Cuando las autoridades brasileñas levantan la reserva que mantenían dentro del caso Lavajato, autoriza a Panamá a que haga uso de dicha información producto de la cooperación jurídica internacional, lo que permitió conocer el esquema creado para cometer delito liderado por la empresa Odebrecht. 

Además, detalla que los hermanos Martinelli Linares recibieron transferencia desde la cuenta de Constructora Internacional del Sur, como beneficiarios finales. 

Los parientes utilizaron la sociedad denominada Promotora y Desarrollo Los Andes S.A, en la que se describe que Ricardo Francolini participaría de la sociedad con un 25 %, Ricardo Martinelli un 37.5 %, igual que Luis Enrique Martinelli. Esta promotora habría suscrito un contrato por valor de 5.25 millones de dólares relativo a producto de la venta de locales. 

De igual manera la investigación en Suiza identifica transacciones ilícitas entre Sociedad Off Shore controladas por Odebrecht y una cuenta bancaria en un banco de Panamá.

Cronología de la audiencia

Con más de una hora de retraso inició la audiencia preliminar por el caso Odebrecht en el que hay más de 80 personas involucradas, de los cuales se solicitará llamamiento a juicio a 50, entre ellas exfuncionarios de alto perfil como los expresidentes Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019), una investigación que inició en el 2015.

Muchas son las expectativas en torno a esta diligencia, por el caso de las coimas que confesó haber pagado la constructora brasileña.

A las 5:00 a.m. cerraron los accesos viales a las inmediaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), solo dejaron pasar a medios, funcionarios del Órgano Judicial, del Ministerio de Salud (Minsa) y del Instituto Oncológico.

Cerca de las 7:00 a.m., la seguridad fue reforzada en el lugar, más agentes de la Policía Nacional se apostaron en el sitio, pero ninguno de los implicados, ni funcionarios del sistema judicial había llegado.

El Ministerio Público pidió el llamamiento a juicio a 49 personas naturales y una empresa, Importadora Ricamar,  por blanqueo de capitales y a otras tres personas por corrupción de servidores públicos.

A eso de las 8:30 a.m., empezaron a llegar a la CSJ las personalidades involucradas en la audiencia, uno de los primeros fue el exministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima, asegurando que la empresa Odebrecht confesó lo que le convenía confesar, en el expediente consta que los ejecutivos de Odebrecht recibieron 30 millones de dólares en efectivo, sin embargo, no fueron investigados, se llegó a un acuerdo de pena, pero esa parte la fiscalía nunca la investigó. 

“Los ejecutivos de Odebrecht le mintieron a la fiscalía”, aseveró De Lima.

Apuntó contra la administración de Juan Carlos Varela, quien también es investigado en el caso, señalando que se trata de una persecución a los opositores de gobierno en turno.

De Lima ya ha sido condenado a 60 meses de prisión por el caso "Buko Millonario".

Por su parte, la fiscal Ruth Morcillo, dijo que hay suficientes elementos probatorios que permitirán la sanción de los exfuncionarios que aparentemente lucraron con el Estado.

Sobre los hermanos Martinelli Linares, que también aparecen en el expediente, pero que además ya fueron condenados en Estados Unidos por lavado de dinero, siendo parte del esquema de corrupción que utilizó la empresa, la fiscal manifestó que el Ministerio Público defenderá la postura de que no hay un ‘doble juzgamiento’.

En tanto que, el abogado Alfredo Vallarino, también Aurora Muradas, hizo señalamientos sobre un recurso de recusación contra la jueza Baloisa Marquínez.

La defensa de los expresidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela también acudió al lugar, pero se desconoce si los exmandatarios asistirán. 

Por otra parte, la defensa de José ‘Pepe’ Suárez, exministro de Obras Públicas, el abogado Rosendo Miranda, aseguró que a todo lo que aspiran es a que se haga justicia.

Pasada las 10:20 a.m., un funcionario del Órgano Judicial leyó los artículos del Código Judicial, Código Penal y el Código de Ética de los abogados, que podrían ser puestos sobre la mesa durante el desarrollo de la diligencia. Además, indicaron que el expediente en físico y digital estaban disponibles para el uso de las partes.

Posteriormente, la jueza Baloisa Marquínez, inició oficialmente a la sesión a las 10:30 p.m., solicitando a las partes, la Fiscalía del Ministerio Público y los defensores que se presenten al tribunal.

Cabe resaltar que la audiencia se dio de forma presencial con un segmento de los involucrados y virtual con el resto. 

El abogado Alejandro Pérez Saldaña, defensa de María Ribera, solicitó que se suspensa la audiencia, señalando que la jueza no es competente. 

Mientras que, Carlos Carrillo, representante de Luis Enrique Martinelli Linares y Ricardo Alberto Martinelli Linares, quienes renunciaron a su derecho de estar presente vía conexión internet, solicitó que se dé la autorización a esta petición. 

Alexander Rodríguez, representante de Norberto Sanguinetti, señaló que, que siempre han estado dispuestos y no han tenido intención de anular las audiencias. Sin embargo, Franches Xavier Jiménez, quien se encuentra en Andorra, y ha solicitado ser representado, no ha recibido notificaciones formales sobre las audiencias, solo una que se hizo en el 2017, lo que es violatorio a la defensa y al debido proceso.

Destacó que en una carta enviada por el señor Jiménez, indicó que no se le ha notificado y que se le ha negado la oportunidad de un acuerdo de colaboración como se lo han otorgado en Perú y Uruguay. Dicho esto, solicitó la suspensión de la audiencia. 

Culminada la etapa de presentación de los abogados presentes en la sala, los imputados pasaron a presentarse, entre ellos varios exministros del gobierno de Ricardo Martinelli como: Jimmy Papadimitriu, José 'Pepe' Suárez, Frank de Lima, José Domingo Arias.

Hermanos Martinelli Linares y una representante de Estados Unidos

Seguidamente, quienes presenciaban la audiencia de forma virtual hicieron sus presentaciones, entre ellos Ricardo Martinelli Linares y Luis Enrique Martinelli que tuvieron conexión desde Estados Unidos.

Además, una representante del Departamento de Justicia de Estados Unidos, quien señaló que los hermanos Martinelli renunciaron a comparecer en la audiencia.

A continuación, la jueza Marquínez atendió las solicitudes de suspensión de audiencia presentada por los abogados, señalando que no existen méritos para suspender el acto de audiencia por el recurso de recusación presentado en su contra.

Mientras que, sobre la solicitud por parte del sindicado encontrado en Andorra, se informó que Jiménez fue emplazado.

Y sobre la renuncia de los hermanos Martinelli Linares, Marquínez dijo que se admitía dicha solicitud.

¿Tiene Martinelli principio de especialidad?

Por otra parte, Ortíz, volvió a poner en la palestra el principio de especialidad del cual según él goza el expresidente Ricardo Martinelli, asegurando que la única autoridad competente para pedir la excepción del principio de espacialidad es la Jueza Marquínes, y no los fiscales.

Destacó que está a la espera de información por parte de Estados Unidos, donde el Juez que otorgó el principio informe si ha recibido la petición de una excepción del mismo, reiterando que Martinelli nunca ha renunciado a su principio de especialidad. 

A lo que la fiscal de la causa, Ruth Morcillo respondió que el principio de especialidad no es eterno, sino temporal, que finaliza cuando se cumplen algunas excepciones. Reiterando que de parte de la Corte Suprema de Justicia ha habido varios pronunciamientos con relación a este principio, indicando que este no aplica sobre el exmandatario. 

Resuelto esto, el abogado Vallarino reiteró la consideración de Ortíz, indicando que Marquínez no es competente para el juzgamiento del caso, señalando que antes de ella existían 16 jueces los cuales desaparecieron para que el expediente quedara en su despacho, lo que según él es violatorio a la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

Destacó que ella fue nombrada posterior al proceso, lo que viola los derechos de su representada. Agregó su malestar por haber esperado 1 hora y 15 minutos después de la hora establecida para que se iniciara la audiencia.

Desfile de nulidades

Vallarino solicitó la suspensión de la audiencia, y espacio para leer el expediente y las debidas copias, porque tuvo acceso al informe la semana pasada. 

La moción de Ortíz y Vallarino fue respaldada por Gladys Quintero alegando que no se puede crear un tribunal posterior al hecho punible, aclarando que los hechos punibles se dieron en 2009 y el tribunal fue creado posteriormente.

La abogada Alma Cortés, presentó dos incidencias de nulidad, una relacionada a las donaciones que recibió el partido Cambio Democrático a través de Ricamar y otra es un incidente de prescripción de la acción penal con relación a la importadora Ricamar, ya que están a la espera de la respuesta. 

Y así sucesivamente, algunos abogados defensores siguieron presentando sus incidentes buscando que se suspenda la audiencia preliminar.

Conceden prescripción de cargo contra De Lima

En tanto que la abogada de De Lima, Dinoska Montalvo, solicitó la prescripción del caso que se lleva en contra de su cliente, corrupción de servidor público, por considerar que el tiempo de condena, 6 años, por el supuesto delito cometido ya ha culminado.

A esto, Morcillo respondió que hasta el momento solo dos de los implicados habían presentado la prescripción del delito por corrupción de servidores públicos, sin embargo, esta misma consideración aplicaría para Frank de Lima. 

Habeas corpus sorpresivo

Debido la admisión de un habeas corpus colectivo presentado por el abogado Alfredo Vallarino ante el Tribunal de Liquidación de Causas Penales, la audiencia preliminar por el caso Odebrecht, la jueza tercera de Liquidación de Causas Penales, Baloisa Marquínez podría estar en riesgo su desarrollo.

Fuentes judiciales cercanas al proceso informaron que el recurso había sido presentado en horas de la mañana de hoy, lunes 12 de septiembre.

Sin embargo en el acto de audiencia la información se conoció cerca de la una de la tarde cuando la jueza resolvía una serie de incidentes que presentaban defensores legales de algunos de los imputados.

El abogado Alfredo Vallarino, defensor de Aurora Muradas Fraiz pidió la palabra a la jueza, esta inició su intervención manifestando que había llegado una información del Tribunal.

"Se refiere al habeas corpus 93516 del 22, que fue puesto para todas las personas que están en este procesos (50) y varias con medida cautelar. Eso se nos informa a nosotros que el magistrado [José ] Hoo ha ordenado que todas las personas sean puestaa a órdenes él, lo que quiere decir que en este momento el juzgado no puede seguir actuaciones que están a órdenes del Tribunal Superior".

En ese sentido el abogado solicitó a la jueza Marquínez no continuar con la audiencia sobre personas que están a orden del Tribunal, en vista que se admitió el recurso de habeas corpus.

La jueza de la causa consultó a los funcionarios de secretaria del juzgado sobre si se tenía conocimiento de dicho recurso, el secretario del despacho respondió en ese momento no se tenía conocimiento de la información manifestada por Vallarino.

La fiscal, Ruth Morcillo solicitó a la juzgadora que se documente la decisión (de admisión del habeas corpus colectivo) del Tribunal para poder decidir con relación al acto de audiencia que no debe ser suspendida por un habeas corpus colectivo.

Carlos Enrique Muñoz Pope, abogado querellante en representación del Estado manifestó a la jueza Marquínez que si hay una decisión del Tribunal Superior "su jefe inmediato usted tendrá que tomar una decisión o suspendemos a esta hora o continuamos mañana y no dice que va pasar".

"El sentido común nos dice que tenemos que verificar la verdad de esa información, por que él [Vallarino] ha dicho muy bien que esto no es una incidencia (...) pero necesitamos ver por escrito que ha dicho el Tribunal de Liquidación" añadió Muñoz Pope.

La jueza señaló que no ha recibido por parte del personal de secretaría que efectivamente se haya corrido traslado de un habeas corpus colectivo dentro de la presente causa.

Luego de la juez dijo a los presentes y a los que estaba vía virtual del acto de audiencia que entraban en receso hasta las 2:30 de la tarde.

Revive la primera parte de la audiencia

Resumen de la segunda parte de la audiencia