Caso Criptex | Tribunal Superior declara nulidad y ordena archivo del proceso contra Mayer Mizrachi

Ciudad de Panamá/Tras nueve años de haberse iniciado un proceso judicial en contra del ahora alcalde capitalino, Mayer Mizrachi Matalón,por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, en perjuicio de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), en el caso en el conocido como "Criptext", el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales del primer Distrito Judicial declaró la nulidad y ordenó archivar el proceso que se siguió en contra de Mizrachi Matalón.

Además, el Tribunal Superior también revocó el auto vario No. 92 del 4 de marzo de 2024, decretó la nulidad de todo lo actuado dentro del proceso seguido a Eduardo Jaén, exdirector de AIG por el mismo delito.

En conferencia de prensa, el alcalde lanzó fuertes críticas al sistema de impartir justicia en el país, pero confía en que la administración del presidente José Raúl Mulino pueda cambiar el sistema.

"El gobierno tiene un monopolio en la justicia, no hay independencia de los órganos, no existe. Yo sí tengo fe que este gobierno va a cambiar eso, porque incluso el propio presidente de la República, si tiene una cosa en común conmigo es que compartimos las mismas injusticias, conocemos el sistema", declaró el alcalde en conferencia de prensa.

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Por el caso Criptext, la justicia panameña solicitó la detención del empresario, que en ese momento se encontraba en Colombia. Mizrachi fue capturado el 29 de diciembre de 2015 en Cartagena, pasó un poco más de seis meses en la cárcel La Picota y fue deportado el 8 de septiembre de 2016 a Panamá.

Esta investigación inició en el 2015 luego que el exdirector de la AIG, Irvin Hallman, presentara una denuncia por el incumplimiento del contrato para la instalación de una aplicación de encriptación de texto en teléfonos móviles, conocida como Criptext. El contrato, por un monto de 211 mil 850 dólares, fue adjudicado a la empresa Innovative Ventures,S.A. de la que Mizrachi es propietario. Sin embargo, en 2018 el Tribunal de Cuentas, señaló que el contratista cumplió las "contraprestaciones" del contrato y que no "no hubo lesión patrimonial al erario público".