Caso de auxilios económicos muestra la realidad de la nueva Ley de la Contraloría, dice De Obaldía

Ciudad de Panamá/De acuerdo con Olga de Obaldía, directora Ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, dentro de lo malo que ha arraigado la polémica por el descontrolado otorgamiento de auxilios económicos por parte del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), está el hecho de que ha traído a la realidad el significado de la nueva Ley de Contraloría.

Puesto que, a su percepción, la misma creó un fuero tanto para el contralor Solís como para los funcionarios de la entidad al sacarlos del ámbito de la aplicación de la justicia de cuentas.

De Obaldía explicó que en la práctica, los funcionarios de Contraloría han quedado con un fuero y un privilegio que solamente es aplicado a ellos y se interpreta como si no tuviesen responsabilidad ni civil ni penal por lo que hagan o dejen de hacer

Aquí el golpe es doble hacia la impunidad y opacidad, porque la única forma de probar la lesión patrimonial es con la auditoría. Ahora a quien Contraloría quiera proteger para que permanezca impune, en el grupo político de influencia, va a permanecer así — Olga de Obaldía - Directora Ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana

Por tanto, para De Obaldía el país ha quedado en una situación donde es difícil entender la irresponsabilidad del Ejecutivo, que permitió la sanción de la ley y su aplicación en estos dos años.

Sobre el papel que ha jugado la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), recordó que hubo una resolución pidiendo a la institución que publicara la información, pero pese a ello, la entidad sigue en desacato primero cayó en este estado con el anterior director Bernardo Meneses, quien está corriendo por un puesto de elección popular y ahora lo está con la actual directora Ileana Molo, pues están interpretando de forma errada la Ley de Protección de Datos personales como si fuera un escudo para mantener en opacidad información que es de naturaleza pública.

Ahora, se está pidiendo a los candidatos que se comprometan a impulsar una ley de protección denunciantes de actos de corrupción, a razón de que la situación institucional tan débil que se tiene por le clientelismo descarnado con el que se maneja la planilla pública genera miedo a los funcionarios que no participan de los actos de corrupción y quisieran denunciarlos.

Además, se está solicitando a los presidenciables la derogación de la Ley 351 y regresar a ley anterior que no era perfecta, pero "esto es otra cosa".