Caso de niños en albergues: ‘nos hemos encontrado con mazmorras de la época medieval’

Panamá fue uno de los primeros países que suscribió los Derechos del Niño. Sin embargo, al desatarse escándalos como el revelado tras la investigación en 14 albergues dedicados a proteger infantes, el rol del país para cuidar a sus menores vulnerables empieza a ser cuestionado.

Alonso Ramos es sociólogo y fue parte del equipo investigador que ayudó a destapar las irregularidades en estos albergues dedicados al cuidado de los menores en situación de riesgo social y abandono.

Maltrato físico, psicológico, abusos sexuales y lugares que parecen una mazmorra de la época medieval fue lo que se encontró Alonso en medio de sus pesquisas, cuyo resultado fue presentado por las diputadas de la Comisión de Niñez y Adolescencia de la Asamblea Nacional el pasado martes 9 de febrero.

El especialista, en declaraciones a Noticias AM, cuestionó la capacidad del Estado para darle protección a los niños y destacó que la responsabilidad no es solo del Senniaf, sino que también hay que mirar al Órgano Judicial, donde se encuentran los jueces de familia.

“Tenemos una institucionalidad erosionada en el tema de la niñez. Hay que mirar a las distintas administraciones de Senniaf en la última década (…) El Estado panameño se ha hecho a un lado en proveer derechos básicos como Salud y Educación”, destacó Alonso.

Para este 2021, el presupuesto que tiene la Senniaf es de 6 millones de dólares. Algo que Alonso calificó como “pírrico”.

También prestó importancia a las estadísticas en materia de delitos cometidos por niños y adolescentes. Enfatizó que Panamá ha sido “muy lento” en dar respuesta.

“Panamá es uno de los primeros países que firma los derechos del niño. Pero en las políticas sustantivas para defenderlos, Panamá ha sido muy lento (…) Los indicadores de estadísticas criminales y los delitos que tienen que ver con los niños se han triplicado”, dijo el especialista.

Tras la presentación del informe en la Asamblea Nacional, la indignación ciudadana se ha hecho notar con varias protestas en redes sociales y en frente de la oficina principal del Senniaf.

El Ministerio Público anunció que hará una investigación de oficio y las diputadas que integran la Comisión de Familia del Órgano Legislativo también presentaron la denuncia, donde se adjuntó un informe con más de 700 páginas que muestran las irregularidades en los 14 albergues investigados.

Se espera que en los próximos días se dé una fecha para que directivos y exdirectivos del Senniaf se presenten ante el Pleno de la Asamblea a responder un cuestionario sobre este tema.