Noticiero Fin De Semana
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Reacciones desfavorables hacia la Contraloría han surgido luego que se anulara el acto de licitación para realizar en nuestro país el Censo Poblacional y de Vivienda.
El 24 de mayo de 2020 fue la fecha que se dio a conocer para realizar la actividad, pero esto ya no será posible. El Tribunal de Contrataciones Públicas anuló el acto de licitación para contratar a la empresa que se encargaría de todo el proceso logístico y entrega de materiales para realizar esta encuesta nacional. La razón principal, es que la Contraloría tuvo inconsistencia entre lo que decía el pliego de peticiones y lo que plasmaban los requisitos para concursar.
“Independientemente de quien haya sido la culpa, es una falta de planificación y previsión”, manifestó el abogado, Roberto Troncoso.
Esto, que ha sido catalogado como vergonzoso por el abogado Ernesto Cedeño, le deja 2 opciones al contralor Gerardo Solís, según establece la ley.
“La Contraloría está en un debate. Abrir un nuevo acto público, o hacer una contratación directa”, señaló Cedeño.
Pero mientras eso se define, se desconocerá la realidad demográfica y el déficit de viviendas. La incertidumbre crece cuando recordamos el censo anterior del 2010 cuyo resultado dejó dudas.
“Muchos pensamos que estuvimos mal contados porque hubo problemas internos en la Contraloría General de la República”, añadió Cedeño.
“Se han tenido diez años para planificar el censo. No solo es cuántas personas somos, sino también el tema de vivienda y otros factores como la discapacidad”, apuntó Troncoso.
El último censo arrojó una cifra de 3 millones 322 mil habitantes. Esta cifra, muy por debajo de las proyecciones que se tenían, dejó dudas de la cantidad de grupos afrodescendientes y no se tomó en cuenta a los extranjeros.