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Ciudad de Panamá/Representantes de la Coordinadora Campesina contra los Embalses se congregaron en la Central General de Trabajadores (CGTP) en Perejil para denunciar abiertamente el proyecto de río Indio, impulsado por el Canal de Panamá.
Los miembros de la coordinadora expresaron su preocupación y rechazo durante una conferencia de prensa, denunciando la falta de consulta ciudadana y advirtiendo sobre el posible desplazamiento de familias que han habitado la zona durante generaciones.
“Nos tienen como pollitos, embarcándonos en una cajeta para mandarnos bien lejos. Con el presupuesto que ellos mismos aprobaron la junta directiva, no podemos aceptar ser parte de un proyecto que titula la tierra y afecta nuestro ambiente sin el consentimiento de la comunidad”, afirmó Digna Benítez, presidenta de la Coordinadora contra Embalses.
Asimismo, Alcibiades Martínez, representante de la comunidad Tres Hermanas, enfatizó la importancia de respetar los acuerdos internacionales: “La preocupación, más que nada, de nosotros, los campesinos, es que se imponga un proyecto sin la debida consulta ciudadana. Las normas y el acuerdo de Escazú, firmado por jefes de Estado, garantizan que la opinión del pueblo debe ser tomada en cuenta. Ese acuerdo nos da la garantía de poder ser escuchados”.
Además de las manifestaciones, las comunidades han cuestionado los censos realizados por la Autoridad del Canal desde el año pasado, los cuales concluirán el 30 de abril. En respuesta a estas acciones, se ha autorizado a un equipo legal para iniciar un proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El abogado Santander Tristán explicó que “jurídicamente, la autorización que nos ha dado la comunidad campesina nos permite preparar una acción internacional de medidas cautelares. Estamos organizando todo el material necesario para presentarlo. De ser aprobadas, dichas medidas exigirían al Estado panameño la paralización inmediata del desplazamiento”.
Por su parte, la Autoridad del Canal de Panamá confirmó a finales de la semana pasada que cuenta con la autorización de la Junta Directiva para iniciar este ambicioso proyecto, valorado en cerca de 1.900 millones de dólares. Actualmente, se encuentra en proceso de negociación con las comunidades afectadas, que abarcan territorios de la provincia de Colón, la provincia de Panamá y el distrito de Capira.
Con información de Nicanor Alvarado