La Concertación propone que diputados y magistrados sean investigados por el MP
El presidente de la Comisión de Justicia de la Mesa de Concertación Nacional Para el Desarrollo, Enrique de Obarrio, aseguró que Panamá requiere de reformas constitucionales muy puntuales, para mejorar diversos aspectos, entre ellos el sistema de administración de justicia.
En ese sentido, de acuerdo con de Obarrio, un grupo de personas presentó una serie de propuestas a la comisión que él preside, que “van a la yugular del tema de estructura orgánica del Estado”.
Dijo que esas propuestas tocan el exacerbado presidencialismo que hay en Panamá, los problemas en la Asamblea Nacional (AN), entre otros.
Detalló que se presentaron propuestas para otros temas, pero fueron descartados para enfocarse en lo medular y aclara que en la elaboración que hacen, no han incluido nada que tenga ver con que si Panamá es un estado laico o no. “Ese tema está por fuera”, dijo.
Informó que el pasado viernes 24 de mayo tuvieron un taller de trabajo, donde se llegó hasta el final del documento, donde hubo acuerdo hasta el final, pero en ciertos casos algunos sectores manifestaron su disenso, pero no por eso se desaprueba el artículo.
El próximo jueves 30 de mayo, hay una nueva plenaria con miras a aprobar el documento, de no aprobarse se seguirá trabajando hasta poder llegar a un acuerdo con un borrador bien elaborado.
En los cambios que se han planteado, ya no existiría el llamado “pacto de no agresión”, porque se establece un tribunal constitucional, con doble instancia.
La propuesta que se ha hecho es que los diputados sean investigados por el procurador General de la Nación, juzgados en primera instancia por tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cuyo fallo es recurrible ante el pleno de ese órgano del Estado y actuará como juez de garantías, un magistrado de la Sala Penal.
Para el caso de los magistrados de la corte y del Tribunal Electoral, según de Obarrio, también serían investigados por el Ministerio Público.
También se mantienen el poder constitucional para el presidente de la República de designar a los magistrados de la Corte y enviar el nombre a la Asamblea Nacional, pero antes se debe cumplir con una etapa previa en el que el Consejo de la Concertación, envía una terna al presidente, de la cual deberá elegir.
Otro de los cambios que han incluido es el aumento del presupuesto para la administración de justicia donde pasa de ser 2% de los ingresos del Estado al 2% del presupuesto general del Estado, lo que según de Obarrio es mucho más dinero, “casi el doble de lo actual”.
En cuanto a los diputados, se ha establecido que solo se podrán reelegir una sola vez y que los suplentes se mantendrán, pero que solo se les pagará si son habilitados, pero tampoco podrán tener otro trabajo.
Algunas de las propuestas que se rechazaron fueron la de la segunda vuelta, además elevar el número de diputados de 71 a 81, donde los 10 adicionales fueran diputados nacionales.
