Comisión acoge propuesta de cámaras corporales para agentes de la Policía Nacional

Panamá/La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional prohijó el anteproyecto de ley que establece el marco regulatorio sobre el uso obligatorio de las cámaras corporales que serán utilizadas por agentes de la Policía Nacional. Es decir, que la Comisión ya tiene luz verde para discutir esta moción en primer debate.

De acuerdo al documento, el objetivo de la iniciativa es "brindar mayor transparencia en los procedimientos policiales, rendición de cuentas, el mejoramiento de la protección de los ciudadanos, evidenciar posibles actos delictivos, afianzar la confianza de la ciudadanía en la Policía Nacional y mejorar la protección tanto de los ciudadanos, como de los agentes de policía”.

La propuesta que impulsa el diputado del Movimiento Otro Camino, José Pérez Barboni, fue acogida por la comisión de manera unánime con nueve votos a favor.

El proponente explicó que, de acogerse la propuesta y ser aprobada en los tres debates por la Asamblea Nacional, estas cámaras oscilarán entre los $35 y $120. “Si se compran en equipos, si este proyecto avanza o a través de licitación, tendríamos gran oportunidad de encontrar buenos precios”, explicó el diputado.

De acuerdo con la propuesta, los policías portarán obligatoriamente una cámara corporal que grabará contenido audiovisual y deberán registrar siempre que realicen actividades como:

• Mantenimiento del orden público
• Intervención en emergencias
• Operaciones de seguridad y vigilancia
• Control de tráfico y aplicación de la ley de tránsito
• Mediación y resolución de conflictos

En general, se indica en la propuesta, que todos los usos de la fuerza deberán ser grabados por las cámaras corporales; de igual forma, cualquier llamada a un delito en curso; cualquier interacción con personas con trastornos emocionales o mentales; todas las interacciones con personas sospechosas de actividad criminal.

Sin embargo, se deja claro que no se podrá grabar ciertos encuentros delicados, como hablar con un informante confidencial, entrevistar a una víctima de un delito sexual o realizar un registro al desnudo. Tampoco grabarán cuando esto interfiera con operaciones sensibles.

En la iniciativa, también se regula el uso de los drones para el patrullaje de la Policía Nacional. “Todo lo que quede grabado sería prueba idónea para las investigaciones”, acotó Pérez Barboni.

“Los sistemas de registro y almacenamiento audiovisual deberán garantizar la integridad de los registros para su posterior tratamiento en la investigación administrativa, penal, civil o cualquier otra investigación judicial que pudiese resultar del mismo. En todos los videos quedará incluida la fecha, hora y ubicación exacta de la grabación. Los vídeos serán eliminados luego de transcurridos dos años desde su grabación, salvo que sean requeridas como evidencia en investigaciones o procedimientos judiciales, en cuyo caso se conservarán hasta la finalización de dichos procedimientos”, se lee en la iniciativa.

Pérez Barboni habla de un plan piloto de 100 cámaras por provincia, es decir, que serían 100 policías por provincia portando una cámara.

Pero, ¿por qué implementar esta medida?

Durante su intervención en la Comisión de Gobierno, el diputado Pérez Barboni expuso que, basado en el Departamento de Policía de Nueva York, el propósito de las cámaras corporales es registrar encuentros policiales, de investigación y de otro tipo entre la policía y los ciudadanos.

En adición, planteó que las mismas proporcionan un registro contemporáneo y objetivo de estos encuentros, facilitan la revisión de los eventos por parte de los supervisores, fomentan la rendición de cuentas y alientan interacciones legales y respetuosas entre el ciudadano y la policía.

El uso de cámaras corporales ha demostrado, dijo, que las cámaras pueden ayudar a reducir la intensidad de encuentros potencialmente volátiles y que pongan en riesgo a los involucrados. Las cámaras también pueden proporcionar pruebas importantes en procedimientos administrativos, penales y civiles, así como para resolver denuncias ante las Casas Comunitarias de Paz.