Califican de 'alarmante' las descargas de aguas residuales 'no autorizadas' que realiza Minera Panamá

La rotura de una tubería que contenía agua de la planta de relave en Minera Panamá y que tiñó el río Caimito de gris volvió a encender el debate sobre los daños ambientales que causa la actividad en medio de un proceso de negociación y renovación de contrato que realiza el gobierno con la empresa.

Johana Ábrego, del Centro de Estudios Ambientales, lamentó que el incidente se diera a conocer a través de las denuncias de la comunidad y no en primera instancia por parte de la empresa minera o las autoridades ambientales.

Detalló que por el momento solo se conoce de la afectación al Río Caimito, pero recordó que es una concesión de 12 mil hectáreas de operación, señalando que, según las investigaciones de un diario de la localidad, existen más de 200 hallazgos de incumplimiento que incluye el manejo del agua.

"Estos informes dan cuenta de más de 11 puntos de descargues no autorizados por el Ministerio de Ambiente, sin permiso de descarga de aguas residuales. Estos permisos nos permiten saber cuáles son los contenidos de esas aguas para saber que no van a causar un daño tanto al ambiente como a la salud pública", manifestó.

Para Ábrego, es alarmante que este proyecto tenga más de once puntos de descargas sin permiso y que esto sea repetitivo.

Sobre la negociación de contratación directa con Minera Panamá, Ábrego señala que se está obviando el fallo de la Corte Suprema de Justicia que podría generar un desacato del mismo. Agregó que es contradictorio que se haya anunciado la intención de mejorar la legislación minera y luego se publique en Gaceta Oficial una serie de acciones que implementa una política minera sin pasar por el diálogo.

Resaltó que hay que hacer una discusión real sobre si la actividad minera metálica en Panamá es viable y deseable para el país, entonces en esas circunstancias donde no se está discutiendo nada relevante, el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) decidió declinar a la invitación.

"Realizamos una investigación con datos de la Controlaría y encontramos que una decena de funcionarios se encargan de la fiscalización de la minería metálica y no metálica a nivel nacional. La mitad de ellos habían ingresado recientemente a la institución, la mayoría no son permanentes y los salarios son bastante bajos", indicó Ábrego.

Se solicitó al Ministerio de Comercio e Industrias quiénes eran los funcionarios, qué capacitaciones habían recibido, cuánto ganaban, si son permanentes y a qué proyecto estaban adscritos, pero esta información fue negada.

Finalizó diciendo que pese a las regalías que se reciben de la actividad, ni el Ministerio de Ambiente, ni el Ministerio de Comercio e Industrias se ven fortalecidos para la fiscalización de las mismas.