Buscan frenar el ‘juega vivo’ en los pagos de arrendamientos

Ante la alta morosidad en los alquileres, se modifica decreto ejecutivo para que dueños de propiedades puedan cobrar a quienes no se han visto afectados en sus ingresos.

Durante estos 10 meses de pandemia han surgido toda clase de historias alrededor de los arrendamientos.

Desde personas que no han tenido como pagar sus alquileres por quedar sin empleo o ver reducidos sus ingresos, hasta quienes tenían como pagar pero prefirieron dejar de hacerlo bajo el supuesto que nadie los podía sacar porque estaban protegidos por los decretos que prohíben lanzamientos durante el Estado de Emergencia por la pandemia.

Emilia Nicholson de Nicholson Bienes y Raíces, explicó a TVN Noticias, que incluso hubo personas que se dedicaron a subarrendar las propiedades, que han tratado de evaluar el caso de cada cliente y han detectado a personas que no han querido pagar, pero siguen viviendo en un inmueble donde se paga servicios básicos, conserje, basura y hasta uso de áreas sociales.

A su juicio, la rueda debe moverse así sea lentamente, porque hay personas que dependen de esto como una forma de ingreso y lo que no debe ocurrir es dejar de cumplir con los compromisos, así sea con arreglos de pago.

Para tratar de equilibrar la gran cantidad de quejas en el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) por el juega vivo de algunos arrendatarios, surge el Decreto Ejecutivo 411 con el cuál se modifican algunos artículos para que los dueños de propiedades o arrendadores puedan proceder legalmente contra aquellas personas que no tengan como sustentar sus afectaciones, si no se llega a entendimientos, explicó Rogelio Paredes Robles, ministro de esta cartera.

Entre las pruebas que deberá presentar el arrendatario están:

• Una declaración Jurada ante un Notario Público en la que se haga constar la disminución de sus ingresos o cierre de negocios

• Una carta de empleador certificando la suspensión laboral o despido

José Antonio Díaz, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles de Panamá, manifestó que este decreto parara el juega vivo que aumentaba la morosidad.

El Ministerio de Vivienda ha recibido unas 800 denuncias y consultas sobre arrendamientos, mientras que se estima que en la actualidad hay un 45% de morosidad a nivel habitacional y comercial.