Exfuncionarios del MOP y Miviot involucrados en caso 'Blue Apple'
Factoraje, compra de bienes, pagos directos y adquisición de crédito eran los métodos para mover el dinero.
La procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, amplió detalles del caso Blue Apple Services (BAS), señalando como beneficiarios de coimas a exfuncionarios del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y Ministerio de Vivienda (Mivi) entre los años 2011 y 2012.
Porcell indicó que dentro de los beneficiarios estarían involucrados los más altos funcionarios de estos ministerios y que hoy muchos gozan de fuero electoral, por lo cual ya se solicitó al Tribunal Electoral el levantamiento de estos fueros.
La procuradora de la Nación señaló que uno de los encargados de cobrar las coimas era el director de contrataciones públicas del MOP en este período.
"Crearon sociedades por un año, sólo con el fin de mover dinero de la corrupción", expresó Porcell.
Corrupción, blanqueo de capitales y asociación ilícita para delinquir son parte de los delitos en este caso Blue Apple que involucra a exfuncionarios públicos, un abogado, un banquero y siete empresas privadas.
Porcell confirmó que hay 33 personas involucradas, en un escándalo de 40 millones de dólares en dinero ilícito.
La procuradora confirmó que se han podido recuperar $20 millones en Panamá y se han detectado $9 millones fuera del país.
También se conoció que hay cinco millones de dólares en bienes aprehendidos.
Actualmente, hay tres personas detenidas preventivamente: el banquero Joaquín Rodríguez Salcedo, el abogado Federico Barrios y su esposa Ana Mercedes Briones.
Se ha pedido colaboración a Estados Unidos, Suiza, China e Islas Vírgenes Británicas para recuperar estos dineros.
Porcell aseguró que estos funcionarios que "traicionaron al país" pidieron un porcentaje de dinero a cambio de agilizar trámites administrativos y facilitar los cobros de compañías que tenían contratos con estos ministerios.
Los pagos se depositaban en cinco cuentas en tres bancos de la localidad.
Los tres bancos panameños "se dan cuenta de la forma irregular en la que se estaban manejando estas cuentas bancarias", y enviaron alertas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). "La UAF no dijo nada en su momento; eso es parte de la investigación de la fiscalía", precisó Porcell.
Estas cuentas fueron cerradas un año después de abiertas.
La red movió dinero a través de cuentas a nombre de la sociedad Blue Apple -cuyo presidente y representante legal es Barrios-, pero también se constituyeron otras sociedades anónimas relacionadas al caso.
Las investigaciones iniciaron el 11 de septiembre de 2017, confirmó Porcell.
"Se crearon mecanismos orientados a dar licitud a la coima", expresó Porcell, quien aseguró que "que es una investigación compleja de corrupción de funcionarios públicos que traicionaron al Estado".
Porcell manifestó que hay "dineros públicos aun en manos de corruptos".
Hay cinco acuerdos de colaboración eficaz, tres de ellos ya validados ante el juez.