Embajador de buena voluntad de la OEA, en manos de la Corte Suprema

El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tendrá en sus manos la responsabilidad de elegir al representante de Panamá, que será designado embajador de buena voluntad de la Organización de Estados Americanos (OEA), tal como anunciara este viernes 12 de febrero, el magistrado presidente de la CSJ José Ayú Prado.

Ayú Prado asistió al evento en la sede de esta organización en Washington D.C., Estados Unidos, luego de la invitación de Luis Almagro, secretario general de la OEA, en el marco del diálogo con presidentes y ministros de los máximos tribunales de justicia del hemisferio, con la idea de fortalecer la colaboración para garantizar los derechos de las personas con relación al medio ambiente.

El magistrado presidente de la CSJ dijo que como persona y profesional está comprometido con la labor de armonizar la justicia y el medio ambiente, pero es tarea del pleno de la CSJ decidir al representante de Panamá para ser nombrado embajador de buena voluntad. “La tarea es institucional”, recalcó.

Durante este evento fueron nombrados embajadores de buena voluntad de la OEA, Ricardo Lorenzetti de Argentina, Antonio Benjamín de Brasil, Sergio Muñoz de Chile y Alfredo Gutiérrez de México.

En primera instancia, la OEA había designado como embajador de buena voluntad al magistrado Ayú Prado, situación que generó rechazo entre varios sectores de la sociedad panameña.

Se informó que en una reunión efectuada con Almagro este jueves 11 de febrero y Gustavo Cinosi, asesor del secretario general, dieron a conocer las implicaciones de ser embajador de buena voluntad y enviado especial de la OEA en justicia ambiental.

En dicho encuentro Ayú Prado prefirió que la designación se deje al pleno de la Corte, para que al momento de distribuir las tareas y asignaciones, se incluya la justicia ambiental.

El pasado miércoles 10 de febrero se hizo pública una carta preparada por 11 organizaciones de la sociedad civil panameña, donde exigieron a la OEA que no se otorgara esta distinción a Ayú Prado, por ser un magistrado muy cuestionado y vinculado con presuntos actos de corrupción.

Dichos organismos manifestaron su completa decepción por esta iniciativa de la OEA, toda vez que el magistrado enfrenta varias denuncias en la Asamblea Nacional.

Además, destacaron que el pasado 11 de enero más de 46 agrupaciones de la sociedad civil solicitaron la renuncia del presidente de la CSJ, por lo que consideraron que es inaceptable que la OEA le dé un espaldarazo a quien es cuestionado por su propio pueblo.